Las líneas rojas las marca la Constitución

La euforia por el resultado electoral que se vivió en la madrugada del lunes en la sede del PSOE es el mejor indicador de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está dispuesto a intentar la reelección pese a la derrota socialista frente al candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, que, conviene no olvidarlo, obtuvo 14 escaños más en la Cámara que su más inmediato rival.

Ciertamente, tampoco les fue muy bien a los aliados de Sánchez, especialmente a Sumar y ERC, que perdieron 7 y 6 escaños, respectivamente, lo que pone en manos de Bildu y, sobre todo, del partido del fugado ex presidente catalán, Carles Puigdemont, la llave del acceso a La Moncloa. Es más, para reeditar su gobierno de coalición el líder socialista necesita el apoyo de todas las formaciones nacionalistas del arco parlamentario, que, han visto, especialmente, en Cataluña, cómo pasaba factura en votos y escaños su contribución a la estabilidad del gobierno central.

A nuestro juicio, la lógica democrática aconsejaría que se permitiera gobernar al candidato más votado, tratando de buscar marcos de acuerdos entre los dos grandes partidos para mantener la estabilidad de una legislatura que se presenta incierta en lo económico y que debe abordar una serie de problemas institucionales, como la renovación del CGPJ y de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia, pero como no vamos a caer en angelismos, parece oportuno advertir que todavía rezan las líneas rojas constitucionales a la hora de sellar alianzas parlamentarias. O, dicho de otro modo, que algunas de las demandas que ya han puesto sobre la mesa los partidos nacionalistas, como el referéndum consultivo pactado con el Estado, tienen un difícil encaje en la Constitución y, de hecho, obligaría al presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, a un ejercicio imposible de ingeniería jurídica.

Tampoco es posible retorcer un procedimiento judicial en marcha, como la demanda de procesamiento del líder de Junts –sobre quien la Fiscalía ha pedido al juez Pablo Llarena que reactive la euroorden de detención– ni establecer una bilateralidad Cataluña-Estado que suponga menoscabar el principio de igualdad entre todos los españoles. Es cierto, y no nos duelen prendas decirlo, que el Gobierno de coalición saliente se ha mantenido dentro del ordenamiento constitucional, como no podía ser de otra forma, por más que se le pueda reprochar el deliberado menoscabo de algunos órganos institucionales y el excesivo uso de los decretos leyes para contornear al Parlamento. Es pronto para saber con certeza si Junts se avendrá a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, en concurrencia con ERC, pero el secretario general socialista no parece consciente de su mal resultado electoral, y hay demandas políticas que, sencillamente, no pueden ni siquiera llegar a considerarse.