El proceso penal exige fiscales independientes

Desde los tiempos de la Transición, los medios jurídicos han contemplado como conveniente una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que trasladara a los fiscales la responsabilidad de la instrucción penal, en la inteligencia de que el juez actuaría como árbitro y garante de los derechos de los justiciables, evitándose, entre otras disfunciones, que la mayor implicación del magistrado instructor en la investigación de un caso pueda desequilibrar el procedimiento, normalmente, en detrimento de los acusados.

Esto es así, especialmente, en procesos complejos, que implican muchos meses de investigaciones que avanzan con dificultad por las dificultades de hallar pruebas e indicios de la comisión de delitos, muchas veces, en la raya de lo que se considera ilegal. No hay que ir muy lejos en el tiempo para hallar ejemplos de lo que decimos –el caso paradigmático es el del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps– y, hoy mismo, se suceden las denuncias, protestas y presiones por parte de miembros del Gobierno contra los jueces instructores de los casos que afectan personalmente al jefe del Ejecutivo o contra altos funcionarios de la actual Administración.

Sin embargo, creemos que, para abordar una reforma de tal calado político, que afecta directamente a la actual estructura del sistema judicial, es absolutamente determinante garantizar y reforzar no sólo la independencia de los fiscales, sino el sistema de asignación de puestos, ascensos y traslados, para evitar influencias políticas indeseables. O dicho de otra forma, de los principios de funcionamiento que informan al Ministerio Público, legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica, es a este último al que se debería dar un mejor sentido, con la absoluta transparencia en el proceso de elección de los cargos y con la mayor participación de la carrera Fiscal, tal y como reclaman las principales asociaciones de fiscales.

Ciertamente, una dirección del Ministerio Público como la actual, con varios nombramientos desautorizados por el Tribunal Supremo, no abona la impresión de independencia que debe tener un instructor penal, más aún cuando en muchos de los procedimientos que afectan a intereses gubernamentales los fiscales designados actúan más como abogados defensores que como garantes del principio de legalidad. Ya decimos que son las propias asociaciones de fiscales, las mayoritarias, las que denuncian la actual «colonización» de la Fiscalía por parte del Gobierno, algo, dicho sea de paso, que viene produciéndose en otras instituciones del Estado o en las empresas de titularidad pública o participadas. No es cuestión de entrar en los pros y contras de un cambio en el proceso judicial, pero sí de advertir que en la situación actual no parece que sea el mejor momento para llevarlo a cabo.