Puigdemont «cocina» al PSOE a fuego lento

Desde hoy y hasta el próximo 23 de octubre, lunes, los 90.000 afiliados con derecho a voto del Consell de la República podrán responder a la pregunta de si los partidos independentistas catalanes deben promover o no «el bloqueo a la investidura del presidente del Estado (sic) español».

Dado que el denominado Consell es una entidad de carácter privado, fundada y presidida por Carles Puigdemont, con sede en Waterloo y que se encuentra en medio de un proceso de reorganización interna que pretende suprimir los instrumentos de control intermedio, no parece que la respuesta de las bases, digan lo que digan, vaya ser determinante en la postura de Junts ante la investidura del actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

No sólo porque, de hecho, la consulta no es vinculante, sino porque ningún organismo independiente va a fiscalizar unas votaciones realizadas a través de un aplicación de móvil en una página web. Si bien sólo el enunciado de la pregunta ya indica que los promotores de la consulta pertenecen al sector hiperventilado del separatismo catalán, a quienes no convence el posibilismo sobrevenido de Junts, podemos adelantar sin temor a equivocarnos que el resultado se ajustará a los deseos del ex president, cuyos problemas personales no coinciden exactamente con los de la mayoría de sus afiliados, al menos, en lo que se refiere al horizonte penal.

Cabe, pues, preguntarse qué ventajas obtiene Puigdemont de una consulta que, en el mejor de los casos, sólo ha servido para evidenciar las profundas diferencias existentes entre las distintas formaciones independentistas de Cataluña, la mayoría de las cuales ha dado la espalda al Consell, y, en el peor, puede recortar la capacidad de maniobra negociadora de Junts.

Por supuesto, la respuesta no oculta mayor dificultad. Baste con advertir que los plazos del proceso consultivo, cuyos resultados definitivos no se harán públicos hasta el próximo 2 de noviembre, llevan casi al límite del calendario unas negociaciones de investidura que se han convertido en un «a ver quién exige más» entre ERC y Junts, siempre con la mirada puesta en las próximas elecciones autonómicas.

Además, está «cocción a fuego lento» de un PSOE que ya creía superado el escollo de la amnistía y, ahora, se enfrenta al «relato» del referéndum de autodeterminación, no sólo desgasta la imagen del socialismo entre la opinión pública española, sino que puede rebajar sus expectativas de voto en una Cataluña que se decantó claramente en las últimas elecciones generales por partidos constitucionalistas o que no llevan la independencia en su programa electoral. Por último, alarga el proceso de maduración del candidato Pedro Sánchez, que ve pasar las semanas sin otra certeza que no sea cómo crece el proceso inflacionario de demandas y exigencias de sus aliados «progresistas».