Sánchez debe permitir que hable el pueblo

No está de más que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo apele a la protesta ciudadana en las calles o que reclame la más mínima coherencia a unos partidos nacionalistas que, como el PNV, se desgarraron hipócritamente las vestiduras ante una supuesta corrupción popular que se ventilaba en los tribunales de justicia, pero creemos que ante el espectáculo grotesco con el que se desayuna cada mañana la opinión pública española no queda otro camino razonable que la convocatoria adelantada de elecciones generales.

Ciertamente, esa decisión no está en las manos de Feijóo, a quien es fácil exigir mayores dosis de contundencia desde los cómodos burladeros, pero que está llevando a cabo una labor de oposición sin tregua y en todos los campos de la acción gubernamental, pese a la insólita estrategia de La Moncloa de rechazar cualquier responsabilidad para, sin solución de continuidad, pasar al ataque frontal, sin ápice de vergüenza propia o ajena, contra una oposición a la que la estructura de poder del Legislativo también desasiste desde el cinismo o la irregularidad.

En realidad, el adelanto electoral, que también se contempla como deseable en algunos sectores socialistas, no estaría sólo justificado en el rosario de corruptelas que afecta al Gobierno y a su entorno más próximo, sino en el hecho incontrovertible de que los españoles acudieron a las urnas en julio de 2023 bajo las promesas formales y reiteradas del candidato socialista de que no se concedería una amnistía a los políticos encausados en la intentona separatista catalana y de que no habría pacto o acuerdo de ningún tipo con los herederos de ETA, es decir, Bildu. Son dos asuntos de profundo calado político que no pueden despacharse en el fárrago habitual de las promesas electorales incumplidas y que, por sí mismos, merecerían el reproche social al jefe del Ejecutivo.

Pero no cabe duda de que la situación política actual, sin la aprobación de los Presupuestos Generales, con las derrotas parlamentarias contándose por docenas y la multiplicación de tramas de más dudosa legalidad y ética democrática, demanda que los españoles puedan ejercer su derecho al sufragio. Es más, Pedro Sánchez, de repetir como candidato, podría comprobar si los ciudadanos refrendan sus «cambios de opinión», castigan a la «máquina del fango» de la oposición y desautorizan a los jueces que forman parte de la gran conspiración contra su Gobierno.

Ciertamente, no conviene hacerse ilusiones a este respecto, cuando el inquilino de La Moncloa ni siquiera se aviene a dar explicaciones en el Congreso o a responder las preguntas de los informadores, mucho menos, a someterse a la voluntad popular. Pero eso no significa que la oposición y la opinión pública en general tengan que renunciar a reclamar lo que, desde toda lógica, es justo.