Sánchez presume de un país que no existe

A efectos prácticos y con independencia del escenario, enredarse en el análisis de los contenidos de un mitin electoral no suele llevar a ningún lugar de interés político, pero debemos hacer una excepción con la intervención, ayer, en el pleno del Senado, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque revela asintonía con la realidad como pocas veces hemos tenido que contemplar en España.

Realmente, hay que confiar mucho en la frágil memoria de los ciudadanos para explotar la angustiosa situación de la escasez de vivienda y prometer otras veinte mil casas «a construir sobre terrenos propiedad del Ministerio de Defensa» cuando en Madrid, el proyecto de las 12.000 viviendas de la operación Campamento, sobre terrenos militares, lleva un retraso de 34 años, algo mayor al de la operación Chamartín, en el que también se opera sobre suelo del Estado, cuyos primeros pliegos datan de 1993, es decir, hace tres décadas. Es sólo una muestra de esas disonancias entre la percepción propia de la labor de gobierno, tan magnífica que no admite pero alguno, y lo que perciben los españoles en su día a día.

Con una circunstancia notable, porque, a menos que creamos en una confabulación internacional, la inmensa mayoría de los organismos multinacionales, de la Comisión Europea a la OCDE, dibujan una situación económica, política y social poco halagüeña, más próxima a las prevenciones que expresó el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que al entusiasmo desbordado de los propagandistas gubernamentales que, ante lo ingente de la tarea, olvidan que muchas de las promesas elaboradas por el «gabinete de ideas», como las 112.000 viviendas, ya se habían publicitado al comienzo de la actual legislatura.

Así, hablaba largamente Sánchez, mientras sobre las redacciones de los periódicos se sucedían las noticias sobre la devaluación del poder adquisitivo de los españoles –la mayor pérdida de valor salarial de toda la OCDE, con un 5 por ciento–, el anuncio de la movilización unitaria de todos los sindicatos de funcionarios, la primera en la historia, contra la ley de interinos; la amenaza de huelga indefinida de jueces y fiscales, el cierre por la sequía del canal de Urgel, en Cataluña; los preparativos de las protestas del campo español, el rapapolvo de Bruselas por las deficiencias en la gestión de los fondos europeos, que, textualmente, «apenas han llegado a la economía real», y las primeras evaluaciones, muy negativas, sobre las tensiones en el mercado del alquiler.

Con todo, lo más preocupante es la insistencia del presidente del Gobierno en llevar al terreno de la confrontación política con la oposición, de manera radical, además, los grandes problemas estructurales de España, cuya resolución exige proyectar a largo plazo y con el mayor acuerdo posible, que es lo que demanda la opinión pública.