Las reacciones en el ámbito gubernamental a la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, van desde la proclamación de una especie de santidad laica del condenado hasta, simple y llanamente, la acusación sin demasiadas veladuras de prevaricar a los cinco magistrados del Tribunal Supremo que decidieron su culpabilidad por un delito de revelación de secretos. Desde la equívoca declaración de acatamiento del ministro de Justicia, Félix Bolaños, hasta los exabruptos contra la independencia de los jueces, inaceptables en democracia, de la izquierda comunista, todo trasluce el estado de histeria en el que se halla el sanchismo, tocado por una sentencia que desnuda la manera torticera de entender el manejo de los instrumentos del Estado, propia de este Gobierno. No es solo la puesta en marcha a toda potencia de la maquinaria de la propaganda, desde unos medios de comunicación públicos que por estatuto deberían ser neutrales políticamente, sino las llamadas sin disimulo a desautorizar a los jueces actuantes mediante la concesión de un indulto o la interposición de un recurso ante el Constitucional, como si la Corte de garantías pudiera actuar como una instancia de apelación más, en contra de los principios jurídicos establecidos por la propia Carta Magna. Un hecho que, no es bueno ocultarlo, podría llevar al presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, al banquillo de los acusados. Sería paradójico, si no fuera porque el doble rasero es un rasgo genético de la izquierda, que los mismos que protestaron por el indulto concedido por el gobierno de Aznar al juez Gómez de Liaño, que contó con la aquiescencia del tribunal sentenciador, se apresuren a promover gubernativamente la exoneración del fiscal general sin ni siquiera esperar a la lectura de la sentencia. Entendemos que la situación sobrevenida suponga un revés para la imagen del inquilino de La Moncloa, que ha tratado este caso como si fuera personal, en un momento en el que la marea de noticias sobre la corrupción socialista está en pleamar, pero no se puede justificar la beligerancia extrema con que los representantes del Poder Ejecutivo reaccionan ante unas actuaciones judiciales que no les son especialmente gratas. Un comportamiento que lleva en sí mismo un ejercicio intolerable de presión hacia la independencia del Poder Judicial, y que puede instalar en la opinión pública una idea de parcialidad y manipulación política de los tribunales que, a la postre, se traduce en uno de los peores ataques contra la democracia representativa. La sentencia no va tanto sobre García Ortiz, que se dejó enredar conscientemente en una campaña sectaria contra una rival política del sanchismo, como sobre el propio presidente del Gobierno, para quien, según la experiencia de estos últimos días, la Fiscalía General del Estado no es más que un apéndice servicial del Ejecutivo de turno.