Con la UE no vale la táctica del ventilador

A la Comisión Europea se le acumulan los dosieres sobre España o, más acertadamente, sobre la actuación del gobierno de coalición en materias que amenazan con sobrepasar las líneas rojas de los usos democráticos que conforman los principios de la Unión. Así, desde Bruselas se han remitido las primeras solicitudes de información a la Oficina Europea Antifraude, que tendrá que hacer un primer análisis del grado de implicación de los fondos europeos en la trama de corrupción del «caso Koldo», tras conocerse que algunos ejecutivos autonómicos, como los de Baleares y Canarias, modificaron los contratos de compra de material sanitario de más que dudosa calidad y a precios desorbitados para cargar los pagos a las ayudas de la UE.

Las sospechas recaen directamente sobre la actual presidenta de la Cámara, Francina Armengol, que se escuda en una supuesta ignorancia que no justifica la falta de vigilancia sobre los usos del dinero público, lo que en la cultura de gestión de las viejas democracias europeas se considera una conducta especialmente reprobable. Más aún, si como parece probable, la Justicia española acaba por incluir a José Luis Ábalos en las investigaciones en curso, lo que implicaría directamente al Gobierno español.

Que el caso de las mascarillas haya saltado cuando crecen las dudas entre la mayor parte de la opinión pública comunitaria, notablemente la de los «halcones» del norte, sobre la eficacia y el buen uso de los Fondos Europeos por parte de los «despilfarradores» países del sur, permite pronosticar una redoblada vigilancia sobre el caso que nos atañe.

Lo mismo reza para la tormentosa gestación de la ley de amnistía, fuertemente contestada por la mayoría de los ciudadanos españoles y que ha pasado a ser motivo de debate en la Prensa europea, que, de manera oficial, está bajo examen de la Comisión de Justicia de la UE, cuya política de «tolerancia cero» con la corrupción pública choca directamente con la pretensión de La Moncloa de incluir los delitos de malversación en la medida de gracia. Y, por supuesto, también en lo que respecta al delito de terrorismo, del que va a ser acusado por el Tribunal Supremo el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un momento poco favorecedor para su posición, tras las revelaciones de la implicación rusa en el proceso independentista catalán.

Ciertamente, no creemos que frente a Bruselas y la Oficina Europea Antifraude vaya a funcionar la táctica del ventilador, que han puesto en marcha el PSOE y el aparato de propaganda gubernamental, como forma de evadir sus responsabilidades, llegando, incluso, a tratar de involucrar a la oposición, siquiera tangencialmente, en el caso de corrupción que afecta al Gobierno. Pero, frente al ruido, los tribunales siguen su labor, constante y clarificadora de los hechos.