Los inspectores llevarán a los tribunales a Celaá por su ley de Educación

Los inspectores de Educación están dispuestos a acudir a los tribunales y a llevar a la ministra Celaá a los tribunales si sale adelante la reforma de la ley de educación que determina que para ser inspector ya no hará falta opositar y las comunidades autónomas podrán nombrarlos con los criterios que consideren. Los inspectores creen que esto sería «un coladero para el enchufismo a la carta». Y es que los cerca de 1.600 que hay en España han accedido al puesto sólo después de acreditar que llevan seis años en la enseñanza y tras someterse a tres pruebas eliminatorias en las que tienen que demostrar que tienen un profundo conocimiento de la educación y del derecho administrativo, y tras someterse después a un concurso de méritos.

Los inspectores, como cuerpo autónomo, son los encargados de controlar el cumplimiento en los centros de las leyes y normas educativas, evaluar la práctica docente y a los directores y asesoran a la comunidad educativa sobre sus derechos y obligaciones. Por eso temen que «si ahora son nombrados a dedo por intereses políticos, los órganos de control quedan totalmente politizados, pierden su sentido y los ciudadanos caen en indefensión estructural», aseguran desde USIE, el sindicato que los agrupa.

Más allá de que esta modificación legal puede favorecer el amiguismo, tal y como sospechan, creen que podría ir en contra de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Eliminar las oposiciones a la inspección «vulnera de forma clara y palmaria el artículo 61.6 del estatuto» que expone que «los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación».

Además, creen que «es un ataque frontal al principio de objetividad de la Administración Pública contenido en el artículo 103 de la Constitución Española». Es por esto por lo que consideran que el Gobierno, en este caso, «desconoce e ignora las leyes fundamentales que él mismo debe hacer respetar al suprimir de un plumazo las pruebas selectivas».

Los inspectores lamentan que la eliminación de estas pruebas selectivas lo que supone, a su juicio, es una vuelta al pasado cuando deben primar los criterios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades.

Así, con la enmienda introducida en la ley «pretende adulterar y alterar fraudulentamente y, por lo tanto, sin ajustarse a la Ley, la naturaleza del Concurso-Oposición, como sistema de acceso a la función pública. La enmienda en su propia naturaleza es un ataque frontal al principio de objetividad de la Administración Pública contenido en el artículo 103 de la Constitución Española», expone el presidente del sindicato, Jesús Marrodán.

La “pesadilla de los políticos”

USIE lamenta que pueda ser una «pesadilla para políticos de cualquier signo político» el hecho de que estas plazas «puedan ser ocupadas por funcionarios altamente preparados, que persigan, por encima de cualquier otra consideración política de carácter meramente ideológico y clientelar, el ejercicio imparcial y profesional de las responsabilidades inspectoras en educación».

Para más inri, ven una curiosa coincidencia en el hecho de que la enmienda introducida a la ley, a la que se ha adjudicado el número 27 sea el mismo número que el artículo que en la Constitución contempla el mandato del derecho a la educación. Y se añade, a continuación, que «los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes».

Marrodán entiende que para acceder a la función pública docente debe predominar menos los contenidos memorísticos y plantear más temas ajustados a la realidad pero las modificaciones introducidas «no solucionan precisamente esto».