«Tendría que nacer seis veces para entender lo que la “Ley Celaá” hace con la educación especial»

Elegir colegio para un hijo cuando se sabe que tiene una discapacidad «puede ser el segundo momento más duro para unos padres después de que te den su diagnóstico. Primero, nos cuesta asimilar que nuestro hijo no es lo que nos habíamos imaginado, que es, simplemente, de otra manera. Eso tiene un proceso de aceptación y de duelo por la pérdida idílica que teníamos de ese hijo hasta que, después, decides tirar hacia adelante y cambiar el chip», dice Fabiola Martínez, presidenta de la Fundación Bertín Osborne y madre de Kike, 13 años, con parálisis cerebral. Después, cuando se empieza a buscar colegio, «cuesta entender que tu hijo no puede ir a una escuela de educación ordinaria porque todavía sigue necesitando apoyos».

Ahora, la Ley Celaá ha puesto en alerta a muchos padres que escolarizan a sus hijos en centros especiales, entre ellos, Fabiola Martínez y Bertín Osborne. No se recoge literalmente que se vayan a cerrar estos centros, pero la ambigüedad de su redacción deja abierta la posibilidad de lo que pueda ocurrir si, tal y como recoge el espíritu de la ley, se apuesta por la integración de los alumnos con discapacidades en centros ordinarios. Muchos interpretan que la aplicación de la norma puede derivar en la posibilidad de que los fondos y recursos de la especial acabarían en la ordinaria y que los primeros queden reducidos a la mínima expresión y terminen cerrando. Pero, más allá de cualquier cuestión política, los padres han salido en defensa de «un modelo que funciona». Y quieren que se les escuche. «Con nuestros niños no nos la queremos jugar; queremos que los dejen tranquilos, no que se toque lo que ya sabemos que funciona», dice Fabiola. ¿Y de dónde van a salir los fondos para la integración? «Esta nebulosa es lo que nos tiene preocupados y angustiados».

Ni ella ni Bertín ven a Kike en un colegio ordinario, al igual que otros muchos padres. Y estos días, cuando hablan entre ellos de la Ley Celaá, piensan qué ocurriría si se presentasen con sus hijos en un colegio cualquiera. «A Kike podría darle una crisis epiléptica en plena explicación del profesor. Y ya colapsaría la clase... Porque, imagínate, un niño que no está acostumbrado a ver a otro convulsionando. ¿Qué va a sentir? ¿Cómo va a reaccionar?». Por eso, si se encontrase con la ministra, Isabel Celaá, más que comentarle nada, dice que le daría un baño de realidad mostrándole a su hijo. «Muchas veces las palabras se reinterpretan, pero los hechos son los hechos y, una cosas que es una realidad, te da en la frente. Le diría mostrándole a mi hijo: este es un niño con necesidades especiales. ¿Y, ahora, cómo resuelves todo esto? ¿Por qué quitarles a unos para darles a otros? Y si no es así, ¿cómo lo vas a hacer? Porque todavía no lo hemos escuchado». Fabiola no entiende por qué se quiere cambiar algo que funciona. «Tendría que nacer seis veces y, además, ser política para poder entender esas cabezas, porque hay cosas que no tienen sentido y son incongruentes, aunque ellos las ven clarísimas».

Luego plantea una reflexión importante: ¿por qué todos los niños que tienen limitaciones deben ir a colegios ordinarios? «En algunos casos, este modelo supone un retroceso o un parón y les lleva de vuelta a la especial. Muchos piensan que llevar a un niño con necesidades educativas especiales a la ordinaria es que aprenda de forma más lenta las matemáticas o a leer y a escribir, pero en casos como los de Kike ni siquiera estamos hablando de eso, sino de rehabilitación. El aprendizaje de contenidos académicos vendría después». Fabiola cuenta que su hijo va todos los días a un centro de rehabilitación donde una fisioterapeuta le ayuda a estirar la mano y el brazo diariamente para evitar la atrofia y una operación. Necesita que una persona le acompañe cuando come porque no puede acercarse la cuchara a la boca: «¿Cómo le vamos a hablar de matemáticas si en realidad su trabajo diario está más en desarrollarse y tener posibilidades? Quizá, más adelante, cuando sea adulto, pueda tener cierta autonomía y una formación».

Pero toda madre con un hijo con parálisis cerebral también se ha planteado si sería feliz en un centro ordinario. Y más después de ver algunos vídeos de niños con discapacidad que circulan por las redes sociales y a los que sus compañeros adoran. A veces le gusta soñar imaginando esa idea: «¿Y si a mi hijo le pasara lo mismo y se convierte en el centro de la clase? Yo lo que quiero es que esté bien, que no sufra. Eso podría ser bonito, pero la realidad es otra y no depende de nosotros».

El que ella y Bertín Osborne se hayan decantado por la especial no significa que estén en contra del modelo ordinario. Y lo quieren dejar muy claro: «Habrá padres que lo quieran para sus hijos y están en su derecho, pero hay un grupo que lo tiene más complicado y que creemos que en la primera fase de escolarización es importantísimo que se desarrolle el máximo potencial porque es lo que va a permitir que puedan pasar a la escuela ordinaria con los apoyos necesarios y tengan más posibilidades todavía de integrarse». Cree que la integración es posible, pero no es un proceso que se genere de manera espontánea, sino resultado de un intenso trabajo de adultos, profesionales y expertos. Y una cosa de vital importancia para la presidenta de la Fundación que nació para dar ayuda a las familias de niños con lesión cerebral: «Si tengo un hijo con discapacidad y cinco oportunidades diferentes de escolarizarle, podré escoger, pero si me dejan solo una, me están obligando a elegir la única que hay. Y ya es difícil enfrentarte al momento de escolarizar a tu hijo para que te lo pongan más duro».

Muchos padres, como Fabiola, creen que la libertad de seleccionar el tipo de centro que quieren para sus hijos es un derecho que no se les puede conculcar después de que la Ley Celaá recoja que, a la hora de escolarizar, «tendrá prioridad la opción más inclusiva», con lo que «no te da opción de escoger la especial. Es sí o sí la ordinaria. La ley nos quita autoridad a la hora de querer elegir los padres lo mejor para nuestros hijos, le dan más peso a la opinión de los profesionales, pero la última palabra tiene que ser la nuestra y en la ley esto no se recoge así. No pueden ser otros los que van a decidir por nuestros hijos. No. Ahí no nos van a pisar».