Autonomías, rectores y estudiantes, contra la ley de Universidades de Castells

La Ley de Convivencia Universitaria salió ayer aprobada del Congreso por 20 votos a favor (ERC, PNV, Teruel Existe, Unidas Podemos y PSOE) y 15 en contra, entre críticas de los partidos de la oposición, estudiantes y rectores.

Implanta la mediación para la resolución de conflictos, pero el procedimiento, uno de los puntos pactados entre alumnos y rectores con el ministro Manuel Castells, queda diluido después de que se introdujera una enmienda de ERC apoyada por PSOE y Podemos con la que los estudiantes consideran que se da vía libre a cada universidad para aplicar su propio criterio en este terreno, de tal manera que habrá distintas formas de abordar un mismo asunto dependiendo de la universidad en la que un alumno estudie.

La norma, que tendrá que recibir ahora la aprobación del Senado, elimina así la regulación que se había establecido para el procedimiento de la mediación y blinda que no se sancione por protestas y movilizaciones. De hecho, fue uno de los asuntos sobre los que se mostró especialmente satisfecha la portavoz de Esquerra, Marta Rosique, quien también valoró, tras la Comisión de Universidades, el hecho de que se hayan blindado las competencias autonómicas.

La portavoz del PP de Universidades en el Congreso, María Jesús Moro, tachó de «bodrio jurídico incierto» la ley aprobada. «Las universidades tienen que ser distintas, cada una única, en ciencia, en prestigio, en resultados, pero no en disciplina. Hoy es el día de la vergüenza para ustedes, tenían votos para sacar adelante el texto de convivencia sin concesiones y los han despreciado vendiendo a las universidades al mejor postor», lamentó. La diputada popular y algunos rectores creen que es negativo que desaparezca la referencia la artículo 141.1 de la Constitución, que garantiza la igualdad de los españoles en derechos y obligaciones para el sistema universitario, lo que se ha entendido como una forma de supresión de las condiciones de igualdad.

Sin embargo, el ministro de Universidades, Manuel Castells, celebró la aprobación ya que la hasta ahora vigente data de 1954, de la época franquista, que «es un escándalo que haya pervivido hasta ahora». Obvió las críticas e hizo hincapié en que la norma «consagra la mediación como fórmula preferible de resolución de conflictos. Todas las universidades estarán obligadas a constituir una comisión de mediación con representación de todos los estamentos universitarios», dijo.

Entre los aspectos positivos de la nueva normativa valoró que haya un régimen disciplinario «con una definición estricta y bien ajustada a las faltas dividiéndolas en muy graves, graves y leves y establece unas sanciones «proporcionales».

Pese a las críticas recibidas, Castells cree que «la comunidad universitaria puede vivir en paz cuando haya conflictos».

El otro de los frentes que se le abrió ayer al ministro fue la nueva Ley Orgánica del sistema universitario (LOSU). Ayer había pleno de la Conferencia Sectorial de Política Universitaria, en la que participan las comunidades autónomas y varias expresaron abiertamente su rechazo.

La queja de Murcia es que la norma no tiene en cuenta los problemas que afectan realmente a la universidad en lo que afecta a financiación y profesorado, mientras que otras autonomías, como Castilla y León y Madrid pidieron la retirada del proyecto de ley.

En el caso de Madrid, su consejero, Enrique Ossorio, detalló que «no solo no resuelve los problemas del sistema, sino que los agrava y crea otros nuevos». El Gobierno autonómico opina que la futura norma ignora sus consecuencias económicas y no da solución al envejecimiento de las plantillas». También ha criticado la «ideologización de los campus o que se prime a colectivos en órganos donde se deciden cuestiones ajenas». Castilla y León pide la retirada de la Ley «por falta de consenso» ya que tampoco están de acuerdo con ella ni los rectores ni los estudiantes.

Castells se ha mostrado dispuesto a seguir negociando para alcanzar el consenso.