La AP-9, en el punto de mira de Bruselas: cruce de reproches mientras se agota el plazo

La Autopista del Atlántico, más conocida como AP-9, serpentea a lo largo de 219 kilómetros entre Ferrol y Tui, uniendo las principales ciudades gallegas y convirtiéndose en la gran columna vertebral de las comunicaciones en la comunidad. Es la carretera que vertebra el tránsito de mercancías y personas, la que conecta puertos, polígonos industriales, universidades y hospitales, y también la más polémica: sus peajes son desde hace décadas objeto de protestas, campañas y choques políticos.

En este marco, y a pocas horas de que expirase el plazo dado por la Comisión Europea para enmendar la prórroga de su concesión, el Gobierno central confirmó hoy haber remitido “in extremis” una respuesta al ultimátum de Bruselas, que considera que la ampliación hasta 2048 vulneró las reglas comunitarias de contratación pública.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aprovechó un acto en O Grove para reclamar al Ejecutivo estatal que “esté a la altura” y libere cuanto antes la AP-9 de los peajes. “En este momento en el que se está decidiendo qué pasa con la vía más importante de Galicia, espero que el Gobierno central haga lo correcto y la AP-9 sea libre y gratuita lo antes posible”, subrayó.

Desde la oposición, la líder del BNG, Ana Pontón, insistió en que la anulación de la concesión es la opción más justa y rentable. “Sale más barato que seguir pagando las bonificaciones”, defendió, al tiempo que acusó tanto al PP como al PSOE de “tomarle el pelo a los gallegos y gallegas” durante décadas. Pontón pidió aprovechar “la puerta abierta” por las instituciones europeas para acabar con una concesión que califica de “ilegal”.

El Gobierno central, por su parte, ha evitado dar detalles del contenido de su contestación a Bruselas, limitándose a señalar que se trata de un informe “amplio” con “aclaraciones precisas y justificadas” para defender los intereses generales de España.

En paralelo, el Ministerio ha vuelto a culpar al PP de la situación, recordando que la prórroga hasta 2048 fue aprobada en el año 2000 bajo el Gobierno de José María Aznar. “Es al PP a quien corresponde explicar los motivos de esa decisión, que este Gobierno no hubiera adoptado y que resulta perjudicial para los ciudadanos”, apuntaron fuentes oficiales.

También el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se pronunció sobre la polémica, vaticinando que cualquier resolución tendrá un “recorrido judicial, guste o no guste”, bien por parte de la Comisión Europea, bien por la concesionaria. Besteiro acusó al PP de haber impuesto “peajes altísimos y gravísimos hasta 2048” con la “mala fe” de sus dirigentes, y defendió la política socialista de bonificaciones progresivas como un paso hacia la gratuidad total prevista para 2026.

La controversia sobre la AP-9 no es nueva. Esta infraestructura, vital para la economía gallega, ha sido objeto de un largo historial de disputas políticas. Bruselas cuestiona ahora la legalidad de la ampliación de la concesión sin concurso público, realizada hace 25 años, y amenaza con llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no se corrigen las irregularidades.

En Galicia, el debate se intensifica: el BNG sitúa la anulación inmediata como única vía justa; el PPdeG, desde la Xunta, insiste en la gratuidad como objetivo prioritario; y el PSdeG defiende que las bonificaciones socialistas han supuesto un alivio real para los usuarios, aunque insuficiente.