Justicia ignora el número de nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática

Nuevas sombras sobre el proceso de nacionalizaciones por vía de la Ley de Memoria Democrática –la «Ley de Nietos» en Suramérica– y, por ende, su impacto en las inminentes elecciones generales del próximo domingo. Otra vez a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), en esta ocasión ha sido el Ministerio de Justicia el interpelado por el abogado Guillermo Rocafort, y puesto en evidencia ante la falta de precisión en su respuesta. La directora general de Seguridad y Fe Pública, Sofía Puente, dice desconocer el número de solicitudes que se han recibido en los registros civiles, así como el estado de su tramitación, «ya que la aplicación informática no tenía habilitada esta opción, y, por tanto, resulta imposible facilitar el dato».

En su escrito, con fecha del 26 de junio –en contestación a una solicitud de acceso a la información pública de seis días antes–, Puente explica que la solicitud de opción a la nacionalidad española se presenta «ante el encargado de la Oficina General o Consular del Registro Civil que corresponda. En este sentido, la declaración de opción a la nacionalidad española, así como el juramento o promesa, serán formulados ante el Encargado de la Oficina del Registro Civil del domicilio del optante, que procederá a su calificación y, en su caso, a practicar la correspondiente inscripción». Por ello, concluye, «este centro directivo desconoce el número de solicitudes recibidas en los registros civiles, así como el estado de su tramitación».

Al letrado solicitante le «llama mucho la atención que se haya abierto un procedimiento electoralista y masivo de concesión de la nacionalidad española por los motivos políticos expuestos en la Ley de la Memoria Democrática y que no se haya adaptado la aplicación informática usada en los consulados para tal fin», lo que «provoca que no se sepa en última instancia, como afirma contundentemente la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que podamos saber con total seguridad el número de nuevos españoles que por esta vía van a votar en las inminentes elecciones generales».

Según Rocafort, que ha hecho llegar varias peticiones de información a través de Transparencia, estamos «ante una cuestión sobre la que giran muchas sospechas tanto de inacción como de negligencia, lo que podría provocar un marco de inseguridad o impunidad donde la voluntad electoralista del actual Gobierno pueda sacar una buena tajada en votos».

En este sentido, el CTBG ha estimado –mediante una resolución del 7 de julio que ha adelantado «Abc»– una reclamación de Guillermo Rocafort, e insta al Ministerio de Asuntos Exteriores, en un plazo de diez días, a remitirle las circulares enviadas por la cartera de José Manuel Albares a los consulados españoles en todo el mundo donde se aborden cuestiones referidas a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y las nacionalizaciones que contempla. El plazo vence este viernes, en la víspera de la jornada de reflexión previa al 23J.

El pasado abril, Exteriores informó de que más de 12.800 personas habían recibido la nacionalidad española en los tres primeros meses desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática tras cursar las preceptivas solicitudes en los consulados de todo el mundo. Según consta en el Balance de Actividad Consular 2022, hasta el 31 de enero se habían presentado 24.729 solicitudes de nacionalidad en las 179 oficinas consulares de España. La mitad, 12.862, se habían aprobado y 6.653 quedaron inscritas en el Registro Civil.

Estos datos están relacionados indirectamente con una pregunta parlamentaria que el PP presentó en el Congreso para conocer el dato de los nuevos españoles. La respuesta del Gobierno fue que desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria hasta el 28 de febrero, «asciende, según la información disponible, a 36.170. A esa misma fecha, 18.944 [solicitudes] habían sido aprobadas y 98 denegadas». Los últimos datos de la cartera de Albares –a 31 de marzo– apuntan a la aprobación de 26.477 expedientes. «Exteriores ha dado su estimación, pero que no lo sepa una parte del Estado es preocupante», concluye el interesado sobre la última respuesta del Ministerio de Justicia.