Llarena mantendrá la orden de prisión de Puigdemont

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre Oriol Junqueras tiene efectos colaterales que pueden despejar el horizonte de Carles Puigdemont en su afán por conseguir que el Parlamento Europeo le reconozca la condición de europarlamentario. Al igual que el líder de ERC, el ex presidente de la Generalitat tampoco cumplimentó el requisito de jurar acatamiento a la Constitución –en su caso para evitar ser detenido en España– y la Eurocámara le denegó un escaño que ahora ve más cerca que nunca. Al no haber sido condenado en sentencia firme a una pena de inhabilitación, como sucede con Junqueras, todo apunta a que Puigdemont, al igual que el ex conseller Toni Comín, tomará finalmente posesión de su escaño en la Eurocámara. Protegido ya por la inmunidad que, según ha concluido el TJUE, despliega sus efectos «desde el momento de la proclamación oficial de los resultados electorales» de los comicios europeos, lo que se produjo el pasado 13 de junio, ese escenario abocaría al magistrado Pablo Llarena, según fuentes jurídicas, a solicitar «a la mayor brevedad» al Parlamento Europeo que suspendiese la inmunidad del ex president.

Y es que según esas mismas fuentes la intención del instructor de la causa del «procés» es mantener la orden de prisión que acordó contra Puigdemont y tramitar el suplicatorio ante la Eurocámara –a través del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes– una vez Puigdemont adquiera la condición de europarlamentario, lo que le obligará a renunciar a su escaño en el Parlament.

Dado que el Estatuto de Cataluña estipula en su artículo 67,2 que el presidente de la Generalitat «es elegido por el Parlamento de entre sus miembros», la única vía de Puigdemont para recuperar la presidencia del Ejecutivo catalán pasaría por la convocatoria de unas nuevas elecciones.

En esa tesitura, paradójicamente, una vez elegido diputado autonómico tras el adelanto electoral Puigdemont tendría que renunciar a su euroescaño ante la imposibilidad de compatibilizar ambas actas, con lo que perdería su euroinmunidad y adquiriría la que estipula el artículo 57 del Estatut para los diputados: «Los miembros del Parlamento son inviolables por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato tendrán inmunidad a los efectos concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito».

Si el líder independentista optara por regresar a España –una posibilidad que por ahora siguen descartando fuentes de su entorno– para afrontar una hipotética investidura y despojado ya de la inmunidad como europarlamentario, está por ver si el juez Llarena ejecutaría la orden de ingreso en prisión contra él, arriesgándose a un tirón de orejas de Estrasburgo o se limitaría a comunicarle su procesamiento dejándole en libertad a la espera de que se celebrase el juicio en el Supremo.

No obstante, Puigdemont aún tendría que salvar un último obstáculo para ejercer de presidente de la Generalitat. Sobre el pesa la suspensión cautelar para el ejercicio de cargo público que estipula el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para quienes, como sucede en su caso, hayan sido procesados por rebelión acordándose además su prisión provisional. Pero tras la sentencia del «procés», que descartó la rebelión, y una vez el propio Llarena reclama a Bélgica la entrega del ex president por sedición y malversación, los efectos de esa suspensión cautelar están en el aire.

Ayer mismo, y tras conocer la decisión del TJUE, Puigdemont reconoció ayer en rueda de prensa desde Bruselas “«tener muchas ganas de ir lo más rápido posible a Cataluña» a la vez que pedía la excarcelación de Junqueras. En una comparecencia conjunta con Toni Comín, la euforia era palpable. «El caso de Junqueras no nos afecta a nosotros, tenemos nuestro propio itinerario al que le quedan algunas etapas. La traducción directa se me escapa, no soy experto en derecho europeo, pero si el tribunal falla en un sentido lo hace para todos», aseguró.