No hay constancia pública de que al PSOE le preocupe el adoctrinamiento en Cataluña. Ni tampoco el acoso a los hijos de guardias civiles. Ni la situación educativa en Baleares o en Valencia, por ejemplo. Pero sí se ha estrenado ya en esta nueva Legislatura como amplificador de la manipulación de la realidad escolar sobre la que Vox sostiene una de sus polémicas propuestas de contenido más ideológico, el conocido como «pin parental». Al que, por cierto, en el pacto de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid ya renunciaron el pasado mes de agosto a cambio de un sistema de información a las familias antes del periodo de matriculación. Una iniciativa que no imponía de fondo nada nuevo sobre la realidad ya existente. Si bien PP y Ciudadanos cedieron en el gesto de dejar que Vox se lo apuntara como un tanto a pesar de que ya estaban en vigor, desde hace años, las autorizaciones de las actividades complementarias y de las que exceden el currículum y las materias troncales.

La libertad educativa es un principio básico en democracia. De las aulas deberían quedar fuera todas las injerencias políticas, de cualquier tipo, aunque los partidos miren para otro lado ante las disfunciones que se derivan de la cesión de la competencia educativa a las comunidades autónomas.

Sin embargo, en aras de ese principio sagrado de libertad educativa, hace años que en el sistema público se incluye como medida protectora de la libertad de elección de los padres la autorización de las citadas actividades extracurriculares y complementarias. Además, estas actividades están pactadas en el arranque del curso dentro del Consejo Escolar, en el que también participa una representación de la comunidad de padres. Y, además, en su mayoría son actividades dirigidas a mejorar la formación cívica de los alumnos. Charlas sobre ciberacoso, sobre educación vial, sobre reciclaje, sobre acoso escolar, sobre las correctas posturas para proteger la espalda de los vicios de una mala posición al sentarse o sobre igualdad. Esto último, confundido como ideología de género, y la agitación de la «amenaza» de los colectivos LGTBI son la percha a la que se agarra Vox para apropiarse de la bandera del «control parental».

Pero las principales asociaciones educativas y el profesorado confirman que los contenidos sexuales están ajustados a la formación curricular reglada, otra cosa es que en algunos ámbitos políticos pueda considerarse un agravio que a los chavales se les pueda instruir sobre la obligada igualdad entre hombre y mujer o el obligado rechazo, de ellos y ellas, a todo tipo de violencia, también la machista. Pero para alentar la polémica se han llegado a difundir vídeos que manipulan la realidad de la escuela pública y que no se corresponden con situaciones reales de los colegios españoles.

El Gobierno de Sánchez ha encontrado un filón en este pulso dentro de la derecha en el que Vox aprovecha la debilidad parlamentaria de PP y Ciudadanos para apuntarse tantos que no consigue o que no tienen el desarrollo que ellos exhiben. Y mientras la energía se pierde en debates ideológicos de interés estrictamente partidista, los graves agujeros educativos, en cuanto a resultados en la formación escolar o incluso también en lo que afecta al adoctrinamiento político, siguen sin afrontarse, heredados de Gobierno a Gobierno aunque cambien las siglas del partido en el poder. Moncloa sabe que los recursos que ha anunciado no tienen recorrido porque en ninguna comunidad se ha impuesto de momento un sistema de control en el ámbito de actuación docente que exceda los límites establecidos por la Constitución y por la legislación en vigor. Pero el ruido político sigue.

Génova ha intentado anular la ofensiva de Vox con el discurso de que la medida era suya y no del partido de Abascal. Mientras los dirigentes territoriales han intentado colocar algo de sentido común en el debate sin corregir la confusión sobre lo que es y lo que se dice. La presidenta madrileña ya advirtió en noviembre a Vox de que los padres ya tienen libertad para elegir el centro educativo y que la política no puede entrar en las aulas una y otra vez. Desde Ciudadanos (Cs), el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, rechazó ayer tajantemente el «veto parental». «Si lo que quieren es desautorizar a los docentes, no lo aceptaremos». PP y Cs necesitan a Vox para sacar adelante los Presupuestos y ésta es la fuerza que exhiben los de Vox. En las negociaciones de investidura el juego fue el mismo, partir de una posición de máximos para renunciar después a todas sus exigencias, enmascarando esas renuncias en el discurso político.