Pin parental
Todo lo que debe saber del “pin parental”
La medida sigue monopolizando el debate político
¿Por qué el «pin parental» se ha convertido en el epicentro del debate político?
En virtud del acuerdo de gobernabilidad entre el PP y Vox en la Región de Murcia se dictó una resolución el 29 de agosto de 2019 de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprobaron instrucciones de comienzo del curso 2019-2020, para los centros docentes que imparten educación Secundaria obligatoria y Bachillerato, así como Educación Infantil y Primaria. En ella se estableció que «aquellas actividades que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo, se dará conocimiento a las familias, además de por la vía o vías que el centro utilice para dar a conocer los documentos institucionales, por medio de una relación detallada que los tutores de los distintos grupos de alumnos facilitarán a padres y madres al inicio del curso escolar con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades».
¿Por qué si lleva meses en marcha está ahora en boca de todos?
Según explica la Consejería de Educación de Murcia a LA RAZÓN, la semana pasada para aprobar los presupuestos, Ciudadanos y Vox acordaron que la resolución se convierta en decreto y que se trabaje en un modelo estandarizado en todos los colegios.
¿Está previsto que se apruebe en otras Comunidades Autónomas?
La aprobación del «pin parental» va camino de convertirse en el nuevo arma de negociación de Vox. Pese a que renunciaron a él y Ciudadanos ha dicho que se opone frontalmente a esta medida no extrañaría que volvieran al ataque en Madrid. En este sentido, el partido de Abascal registró ayer en las Cortes Valencianas una iniciativa para aplicarlo allí. Por lo que va camino de monopolizar el debate político. En el lado opuesto, el partido Más País registró en el Congreso y en el Senado sendas iniciativas para frenar el pin parental en España. El asunto dará que hablar en los próximos días.
¿Estas actividades forman parte del curriculum escolar aprobado por el Consejo y cuentan para la nota final del alumno?
En un principio, el objeto de aplicación son las actividades complementarias. Es decir, ni son obligatorias ni cuentan para la nota del alumno.
¿Existen ejemplos concretos de talleres sobre identidad de género o sexualidad en colegios españoles?
La organización Hazte Oír, que también reclama este veto, aglutina en la página web «Mis hijos, mi decisión» varios ejemplos de colegios en los que, según denuncian, adoctrinan a los menores con diversos talleres sobre diversidad afectiva y sexual.
¿Qué fundamentos de derecho tiene el «pin parental» para Vox o Hazte Oír?
Varios artículos de la CE: el 27.3 en el que afirma que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones»; el 16.1 que recoge la libertad ideológica, religiosa y de culto; y el 39.3 que establece el deber de los padres de prestar asistencia a sus hijos. Además, se apoya en la sentencia del 11 de febrero de 2009 del Tribunal Supremo, según la cual se establece la doctrina respecto al deber jurídico de cursar Educación para la Ciudadanía de que este deber «no autoriza a la Administración educativa –ni centros docentes– a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas». Por último, el protocolo Adicional Primero al Convenio Europeo de 1950 para la protección de los derechos humanos que se expresa en términos similares al 27.3 y que ha sido la base de varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que se subraya la obligación de los estados de respetar la libertad educativa de los padres.
¿Cuál es la posición del gobierno central?
El ministerio de Educación, dirigido por Isabel Celaá, dio ayer un mes de plazo al Gobierno de Murcia para «restaurar la legalidad» y retirar el «veto parental», antes de que el Ejecutivo recurra esta medida en los tribunales de Justicia. Por otro lado, la futura delegada del Gobierno para la Violencia de Género y todavía diputada de Podemos Victoria Rosell ironizó con la posibilidad de aplicar el 155 de la CE, que permite limitar las funciones de la Comunidad a la que se le aplica.
¿En qué se ampara el gobierno para pedir su retirada?
Tanto el Ejecutivo como algunas asociaciones de la Escuela Pública consideran que va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art 1 y 2), la Convención sobre los derechos de la infancia, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Art 21), la Constitución Española(Art 9.2, 10, 14, 15 y 27), la Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Art 1, 78, 84.3 y 124.2) y la ya citada Ley Orgánica de Educación.
¿Qué opinan las asociaciones de padres?
Desde la CONCAPA, en declaraciones de su presidente Pedro Caballero a LA RAZÓN, celebran el «pin parental» porque se asimila a su reclamación desde hace años: que se informe a las familias de las actividades extracurriculares. Por otro lado, otras asociaciones de padres declinaron comentar porque consideran que «se trata de un tema político» y prefieren «mantenernos al margen ya que representamos a padres que seguro tendrán opiniones diversas».
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