Page amenaza a Sánchez con los tribunales: le da dos semanas para que reconozca la deuda con Castilla-La Mancha

Se escenificó ayer la primera brecha entre el Gobierno de Pedro Sánchez y uno de los barones socialistas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Diferencias por la deuda que las arcas públicas del Estado mantienen con los gobiernos regionales, pero que dejaron traslucir el frontal rechazo de García-Page al enfoque con el que Sánchez pretende abordar la problemática territorial, especialmente en lo que concierne al diálogo con el Govern de Quim Torra y al establecimiento de una mesa bilateral con las formaciones independentistas.

El presidente autonómico anunció ayer que no descarta llevar a los tribunales al Ejecutivo central si éste no reconoce y, por tanto, no abona la deuda que mantiene con las autonomías a cuenta de la liquidación del cobro indebido del IVA. García-Page dio dos semanas a Sánchez antes de poner esta controversia en manos de la Justicia: esperará hasta el próximo 4 de febrero –día en el que presidirá un Consejo de Gobierno en Toledo– para ver si el gabinete de Sánchez modifica su criterio y da el primer paso para abonar el dinero que debe a todas las comunidades autónomas. De lo contrario, dará la orden a los servicios jurídicos regionales para que planteen un recurso contra dicha decisión: «Me gustaría que se arregle hablando porque si no es así tendremos que ir a los tribunales cuando otros que ya están en los tribunales, incluso van a poder opinar sobre el Código Penal que les afecta, algo que no deja de ser increíble y paradójico», aseguró y, de paso, dio su opinión en torno a la propuesta de Sánchez de revisar las penas del delito de sedición para, así, beneficiar a los líderes independentistas en prisión por su responsabilidad en la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

En una intervención ante los medios durante una visita a Guadalajara, García-Page realizó este anuncio y mostró su disposición a llevar este demanda al Gobierno central hasta el final. Aunque, no obstante, explicitó su disposición a alcanzar un acuerdo mediante el diálogo entre ambas administraciones: «Estamos inaugurando una época en la que parece que se quiere ir menos a los tribunales y hablar más, aunque a veces de lo que se hable sea veneno», señaló, en una velada referencia al diálogo abierto precisamente entre el Gobierno de Sánchez y los independentistas catalanes. Y a este respecto añadió: «Me gustaría que se arregle hablando porque si no es así tendremos que ir a los tribunales cuando otros que ya están en los tribunales, incluso van a poder opinar sobre el Código Penal que les afecta, algo que no deja de ser increíble y paradójico, algo alucinante».

Mercadeo con el Código Penal

En este escenario, el presidente castellano-manchego ve necesario que Moncloa «cambie de criterio» y «que se fíe de los que tienen muchos diputados, porque si la cosa se va a decidir por uno, para eso sobran 349 parlamentarios». Recordó que el Estado debe a Castilla-La Mancha 130 millones de euros «por un IVA indebidamente cobrado a las autonomías» e insistió en que hay que arreglarlo, abundando en que es algo que «no se puede pasar por alto: a mí me importa infinitamente más Castilla-La Mancha que mi partido político».

Preguntado por la posible reforma del Código Penal y la rebaja de las penas por el delito de sedición, subrayó que desde Castilla-La Mancha tienen claro que con los derechos de los españoles «no se mercadea» y que el Código Penal «no es una cuestión negociable sino de alto consenso social, que además no pueden decidir aquellos que aun hoy siguen diciendo que si pueden, volverán a hacer lo mismo».

En esta misma línea, García- Page ya se expresó cuando el PSOE llegó a un acuerdo con Esquerra Republicana de cara a la investidura de Sánchez. Ese pacto incluyó la creación de una mesa bilatareal entre Moncloa y el Govern así como la celebración de una consulta sobre los resultados de esas conversaciones, en la que solo participarán los ciudadanos catalanes. Esto provocó la reacción del presidente castellano-manchego: «Lo que afecta al conjunto de España debe ser objeto de valoración y votación de todas y de todos los españoles. No se pueden hacer consultas de territorios por separado, salvo las preceptivas reformas de Estatutos de Autonomía previa votación por las Cortes Generales».