Torra quiere que el Tribunal de Justicia de la UE sea quien decida si su juicio fue justo

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, pretende que el Tribuna Supremo plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que, entre otros aspectos, se pronuncie sobre si vulnera o no el derecho a un juez imparcial el hecho de que uno de los integrantes del tribunal del TSJ de Cataluña que le condenó por desobediencia fuese designado por el CGPJ tras ser propuesto por el PSC en la terna remitida por el Parlament, cuando se trata de un partido «que ha marcado públicamente como objetivo político que el acusado deje de ostentar el cargo público para el que ha sido democráticamente elegido»; e igualmente si vulnera el Derecho de la Unión haber sido condenado a una pena de inhabilitación -18 meses- por unos hechos como fueron no obedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de eficios institucionales. Estas peticiones la realiza Torra en su escrito de alegaciones a las impugnaciones de la Fiscalía a su recurso contra la citada condena del TSJ de Cataluña.

En su escrito, de 140 folios, vuelve a reiterar que la denuncia de la JEC que motivó a la postre su condena, actuó con «parcialidad" y estaba contaminado porque, entre otras razones, uno de sus integrantes, Andrés Betancor, estaba al mismo tiempo “a sueldo del partido denunciante”, Ciudadanos. En este sentido, la defensa insiste en que este órgano administrativo actuó por «convicciones políticas» y dentro de una «estrategia política» tendente a «neutralizar políticamente» a Torra. «La JEC no era un órgano imparcial y el dictado de la resolución sobre la cual se construyó la actual condena de mi mandante no fue más que parte de un plan urdido, como mínimo, por el entonces miembro de la JEC Andrés Betancor», del cual se dice que, a raiz de un artículo que publicó bajo el título "Adiós Torra, su «desvergüenza no tiene límites ni parangón y debió ser valorada por el órgano de instrucción y, también, por el de enjuiciamiento cosa que no se hizo.

Junto a ello, vuelve a denunciar que los actos por los que fue condenado se enmarcan en su derecho a la libertad de expresión y en actuaciones realizadas en el “legítimo ejercicio del cargo” que ostenta.

En todo caso, sostiene que el negarse a acatar la orden de la JEC no puede ser considerado en ningún caso una desobediencia grave: En ninguna otra sociedad democrática de nuestro entorno, la desobediencia, por muy abierta que sea, encuentra la reacción penal que se pretende con la sentencia» del TSJ de Cataluña que le condenó.