El magistrado Manuel García-Castellón tendrá que investigar si el ex consejero madrileño Francisco Granados, supuesto cabecilla de la “trama Púnica”, amañó en 2004, cuando era alcalde del municipio, el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdemoro (Madrid). Así lo ha decidido la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional al estimar un recurso de la Fiscalía que cuestionaba una decisión del instructor del pasado enero oponiéndose a practicar una serie de diligencias por considerar que los hechos estaban prescritos.

Sin embargo, los magistrados entienden que las conductas bajo sospecha no han prescrito puesto que son “solo una fase” de una misma “actividad criminal prolongada en el tiempo en el seno de una organización dedicada a la comisión de hechos delictivos para su enriquecimiento personal”. Y aunque los hechos se remontan a fechas anteriores a 2004, cuando Granados ya era regidor del municipio -punto neurálgico de la trama urbanística-, el periodo de 15 años de prescripción se habría interrumpido el 18 de junio de 2014, con la admisión a trámite de la querella que dio inicio al procedimiento.

De hecho, precisa la Sala, la supuesta actividad delictiva del ex secretario general del PP de Madrid se remonta a los años 1999 y 2000. Anticorrupción ve indicios de que en la tramitación del plan general de Valdemoro se ejecutó un “plan preconcebido” entre sus impulsores y los técnicos municipales que consistía en la “modificación sustancial” de los usos de los terrenos adquiridos con anterioridad por empresas vinculadas a la trama, “con la consiguiente obtención de un beneficio económico”. De ahí que propusiera al instructor que reclamara a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de la Comunidad de Madrid el PGOU anterior al actual, la cronología de las revisiones que se llevaron a cabo en el de 2004 y los expedientes incoados al respecto por el Gobierno regional, además del informe del secretario de la Comisión de Urbanismo sobre la revisión del plan.

Ahora, el juez del “caso Púnica” deberá seguir esa línea de investigación puesto que la Sala Penal estima que las diligencias propuestas por la Fiscalía “no solo deben considerarse pertinentes” sino que los hechos no han prescrito. La Audiencia hace hincapié en que “los datos ya obrantes en el procedimiento” apuntan a la existencia “de una presunta actividad delictiva” que comienza entre 1999 y 2000″, por lo que la investigación propuesta por Anticorrupción “solo tendría por objeto profundizar en los datos incriminatorios ya existentes”.

La Fiscalía sitúa a Granados al frente de ese presumible plan organizado y mantiene que antes de ser alcalde de Valdemoro habría participado en la venta de determinadas parcelas de dominio público “a los impulsores del nuevo PGOU”, con el “enriquecimiento consiguiente” de los mismos “en detrimento de las arcas públicas”. En la causa se investigan delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo y contra la organización del territorio.

Además, para sustentar su conclusión de que los hechos se remontan a antes de 2004, Anticorrupción recuerda la existencia de una investigación penal en Suiza por blanqueo que descubrió que Granados abrió en el país helvético en 1999, coincidiendo con su llegada a la Alcaldía, varias cuentas bancarias “ocultas a la Hacienda Pública donde se ingresó al menos” 1,6 millones de euros.