Economía de guerra: «La mayor movilización de recursos» de la democracia

«Estamos ante un momento excepcional que requiere medidas excepcionales para proteger nuestra salud y paliar los efectos económicos y sociales de esta pandemia». El Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros el «real decreto con más trascendencia en la democracia».

El marco legal necesario para trasladar a la sociedad el mensaje de que en la crisis del coronavirus el Ejecutivo no va a dejar a «nadie atrás» y que será el Estado quien asuma el impacto y el «shock del frenazo económico» que se avecina tras el avance y expansión del COVID-19 en nuestro país. Tras las primeras reticencias de los sectores más ortodoxos del Ejecutivo, Pedro Sánchez anunció ayer la «mayor movilización de recursos públicos de la historia». Una suerte de «escudo social y económico» de 200.000 millones de euros –de los cuales 117.000 millones serán públicos y 83.000 millones privados– para apoyar a trabajadores, familias y empresas.

Para las familias vulnerables se garantizarán los suministros básicos de agua, luz, gas y telecomunicaciones, así como una moratoria en el pago de las hipotecas. El objetivo es que todas aquellas personas que vean reducidos sus ingresos de manera sustancial o total en esta crisis no queden desprotegidos. «Nadie será desahuciado», garantizó el presidente, aunque en el citado decreto se evitó extender la moratoria del pago de las hipotecas también a los alquileres. En el sector del empleo se apuesta por promocionar la fórmula de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), para evitar que «una crisis temporal tenga un efecto permanente sobre el empleo».

Para ello, se exonera a los empresarios de la aportación de las cuotas de la Seguridad Social o se permite que los trabajadores cobren el paro, aunque no tengan la cotización previa exigida. También se lanza un plan para los autónomos, flexibilizando el acceso a la prestación por cese de actividad, entre otras medidas. El Ejecutivo ofrece así una compensación para intentar frenar la destrucción masiva de empleo que comienza ya a despuntar en algunos sectores muy comprometido por el coronavirus y ante la que el propio presidente hizo un llamamiento explícito a los empresarios para que «no se despidan a los trabajadores». Entre las medidas lanzadas también se garantiza la liquidez para que «los problemas de liquidez no acaben convirtiéndose en problemas de solvencia».

El presidente anticipó que nos adentramos en una fase «crucial» de la batalla contra el coronavirus y, por ello, desde el Gobierno se ampliaron los supuestos recogidos en el real decreto del estado de alarma aprobado el pasado sábado. A las puertas de que Sánchez comparezca hoy en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de su contenido, se añaden nuevas casuísticas como el cierre de las playas, la concreción de que se transite de manera individual en los supuestos permitidos de libertad de movimientos –salvo en los casos de dependientes, personas que necesiten asistencia, etc.–, se permite a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad suspender cualquier actividad que conlleve riesgo de contagio y se deja en manos de Sanidad seguir ampliando el catálogo de restricciones, en función del avance de la epidemia.

En un punto de su intervención, Sánchez hizo cierta autocrítica, reconociendo que «como no existe un manual de instrucciones para el coronavirus, caben errores, que todos los países han cometido» y que será cuando acabe la crisis sanitaria cuando se «analicen». Hasta ahí la asunción de responsabilidades, porque ante la interpelación de si se actuó tarde, Sánchez esgrimió que la tardanza en actuar del Estado no fue tal y, en todo caso, no es asimilable a su Gabinete, porque «el Estado somos todos», también «un cabildo, un ayuntamiento o una diputación».

Cambio de socios

El «plan de choque» ha tirado por tierra las previsiones económicas de Moncloa y ha obligado al Gobierno a reaccionar y a replantearse no solo su estrategia a corto plazo, sino también a los socios con los que llevarla a cabo. El presidente del Gobierno siempre ha mantenido que en este momento son más necesarios que nunca unos Presupuestos.

El Ejecutivo trabajaba con la expectativa de llegar a aprobar las cuentas de 2020 con los socios de la investidura, sin embargo, el coronavirus ha barrido esta hoja de ruta. Ahora, Moncloa mira a «todos los partidos» para acometer desde la unidad este «sobreesfuerzo presupuestario» para la «reconstrucción» nacional, social y económica. Una reconstrucción que tendrá que venir una vez que se derrote al virus , porque –reconoce abiertamente el presidente– aún no hay unas previsiones reales sobre las cuales cimentar estas cuentas.

Un nuevo sistema de alianzas que quedará de manifiesto en la prórroga del estado de alarma cuando tenga que votarse en el Congreso el próximo 24 de marzo, para la que partidos de la oposición como PP y Vox ya han ofrecido sus votos. Más difícil será que ambas formaciones otorguen el salvoconducto para sobrevivir en la legislatura que suponen unas cuentas. Sin embargo, este acercamiento a la oposición contrasta con las diferencias que aún existen en el seno del Ejecutivo.

Sánchez no llevaba hablando ni cinco minutos ayer cuando desde Podemos se distribuyó entre los medios, las medidas del «escudo social» que atañen directamente a la vicepresidencia de Pablo Iglesias. Un gesto que demuestra que la pugna, visible en los prolegómenos del 8-M, por capitalizar el impacto social de las medidas sigue aún muy viva.