Los test defectuosos de detección rápida que el Ministerio de Sanidad ha repartido entre las comunidades han hecho estallar la batalla política antes de lo previsto. La dirección popular salió ayer en tromba a exigir responsabilidades al Gobierno «hasta el final», después de que se haya comprobado que los test no son válidos. Las pruebas tienen una sensibilidad de apenas el 30 por ciento cuando deberían superar el 80%. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, justificó lo ocurrido en que «la primera partida fue comprada a un distribuidor nacional y se nos dieron todas las garantías».

La situación es crítica. Respiradores, material de protección y tests son imprescindibles para luchar contra la propagación del virus. Y falla el suministro de los tres. El mando único, que dirige el presidente del Gobierno en última instancia ha sido incapaz de resolver el problema de falta de material que asfixia a los sanitarios. El Ejecutivo ha intentado derivar la responsabilidad de la falta de previsión a las comunidades, pero el liderazgo de la situación y la capacidad de manejar una mayor información compete al Gobierno, aseguran desde las autonomías. En esta ida y vuelta del balón el PP apuntó directamente contra Sánchez para responsabilizarse del fallo con los test.

Consciente de la presión, el pasado sábado el jefe del Ejecutivo sacó pecho precisamente de la compra de las pruebas. «Se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos, algo muy importante. Son test fiables y homologados. Y este último punto es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias. Tenemos comprometidas 640.000 unidades y llegaremos muy pronto a un millón».

La explicación que ha dado el Gobierno es que los test rápidos devueltos fueron comprados a un «proveedor nacional» y que contaban con «homologación europea». No formaban parte, por tanto, del paquete de compra de material que anunció el ministro de Sanidad, aunque no pudo concretar cuando estarán en España. Avanzó que se espera que lleguen en semanas. Ante la polémica abierta, la propia embajada china aclaró en Twitter: «Las donaciones realizadas por el Gobierno de China y otras entidades como AlibabaGroup no incluyen productos suministrados por Shenzhen Bioeasy Biotechnology. La compra de materiales sanitarios anunciados por Sanidad está en curso y los materiales no han salido de China aún. El Ministerio de Comercio de China ofreció a España una lista de proveedores clasificados, en la cual Shenzhen Bioeasy Biotechnology no estaba incluida. No ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos», explicó.

La noticia llegó el día en que España registró el mayor número de casos diarios. Según Sanidad esto indica que estamos iniciando una fase de estabilización. Pero las necesidades de material y de tests siguen siendo urgentes. La estabilización de los picos de contagios no evolucionará de la misma manera en todas las comunidades y es posible que en los próximos días crezca el número de contagios y de necesidades de camas en comunidades en las que aún la situación no es alarmante. El comercio de material sanitario se ha convertido en un mercado persa, pero hay señales suficientes de alarma como para que cuando pase la crisis se deba fiscalizar la responsabilidad de cada Administración en la falta de previsión a la hora de adquirir este material.

El PP no dejó pasar esta ocasión para hacer oposición y exigió al Gobierno explicaciones. También le acusó de «chapuza» y de «incompetencia». La tregua terminó, y desde la dirección popular responsabilizaron al Gobierno de poner en juego la vida de las personas. Incompetencia, caos, chapuza, improvisación y descoordinación. Así se refirió ayer el principal partido de la oposición a la gestión del mando único. El PP exigió a Sánchez que asuma personalmente las responsabilidades, avanzando en la crítica que ya concretó Casado durante el debate de prórroga del estado de alarma. Fuentes de la dirección confirmaron a este periódico que la bronca no se quedará aquí porque su intención es llegar hasta «el último término» en la exigencia de explicaciones y responsabilidades, y que esas explicaciones deben producirse ya porque la acumulación de negligencias está «costando vidas».