El CGPJ prevé un notable aumento de la litigiosidad por el “impacto socieconòmico” de las medidas del Gobierno

El Poder Judicial es consciente de que una vez que se supere la pandemia del coronavirus y, por tanto, la actividad judicial vuelva a ser la normal, muchos juzgados, espcialmente los de Mercantil y Social, van a tener un incremento más que notable en asuntos registados. Ante esa tesitura, el Consejo General del Poder Judicial va a elaborar un plan de choque para cuando llegue ese mometo, tras el levantamiento del estado de alarma. Ese plan tendrá como principales objetivos evitar el colapso de la Administración de Justicia y agilizar al máximo la resolución de todos aquellos asuntos cuya demora pueda incidir más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables. El estado de alarma ha supuesto la paralización de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales que conllevan, salvo en los supuestos de servicios esenciales que han sido determinados por el propio Consejo.

Esta decisión ha sido adoptada hoy por la Comisión Permanente del Consejo, la cual se reúne a a diario de forma telemática para analizar la situación en los juzgados y,en su caso, adoptar las medidas oportunas. El plan de choque también pretende proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de cargas de trabajo al que tendrán que hacer frente, un riesgo de colapso del que ya ha advertido el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej). En este sentido, el CGPJ constituirá distintos grupos de trabajo que abordarán la elaboración del plan de choque bajo la supervisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

El órgano de gobierno de los jueces y magistrados considera que “es evidente que en el momento en que se levante el estado de alarma se producirá una situación inédita y excepcional en nuestros Juzgados y Tribunales, ante la que es necesario estar preparados para mitigar, en la medida de lo posible, sus efectos negativos”; efectos negativos consecuencia tanto de la propia reanudación de la actividad judicial suspendida como del previsible incremento de la litigiosidad derivada de la propia emergencia sanitaria y del impacto socioeconómico de las medidas adoptadas durante el estado de alarma (despidos, EREs, ERTEs, procedimientos de Seguridad Social, concursos de persona física y jurídica, impagos, desahucios, procedimientos de familia, sanciones impuestas por el confinamiento, etc.).

Según el documento “Directrices para la elaboración de un plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma” aprobado hoy por la Comisión Permanente, el plan se basará en los principios de eficacia (identificación de las medidas con impacto más directo e implantación más rápida en cada caso), especificidad (las medidas no serán las mismas en todos los órdenes jurisdiccionales) y globalidad: se contemplará todo el abanico posible de actuaciones, desde propuestas de reformas procesales urgentes que pudieran abordarse mediante Real Decreto-Ley, hasta medidas organizativas de todo tipo (concentración de asuntos, especialización, normas de reparto, etc.), sin olvidar el incremento de los medios personales y/o materiales que sean necesarios.

El Plan, añade el texto, ha de diseñarse e implantarse de manera coordinada y con la colaboración de otras instancias, tanto a nivel interno (grupos de trabajo en el seno del Consejo General del Poder Judicial y en los Tribunales Superiores de Justicia) como a nivel externo (Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia y operadores jurídicos).

“Resulta por ello absolutamente imprescindible anticiparse a la llegada de ese momento, mediante el diseño de un plan de choque que articule las medidas, de muy distinta naturaleza, que deberían activarse de manera inmediata al levantamiento del estado de alarma”, señala el órgano de gobierno de los jueces.