Las asociaciones judiciales exigen reformas para afrontar la sobrecarga de trabajo tras la pandemia

Las asociaciones de jueces instan al Gobierno y al Congreso a impulsar “reformas organizativas y procesales que agilicen los trámites” judiciales y a incrementar “los medios personales y materiales” de la Administración de Justicia para hacer frente al aumento de la carga de trabajo prevista tras la crisis sanitaria del coronavirus.

En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente muestran su “predisposición” a hacer un esfuerzo extra “para recuperar el tiempo de paralización de los juzgados y tribunales” ante el convencimiento de que, una vez superada la pandemia, “la respuesta de la Administración de Justicia, ya sobrecargada y con medios limitados por los recortes de los últimos años, se pondrá a prueba una vez más”. El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej) ya alertó hace unos días del riesgo de “colapso” en los juzgados tras la crisis sanitaria.

"Las juezas y jueces no somos ajenos a los esfuerzos que van a tener que llevarse a cabo por la ciudadanía a fin de recuperar la situación previa al comienzo de esta crisis sanitaria -aseguran en el comunicado-. Y al igual que otros servicios públicos están dando lo mejor de sí para paliar esta pandemia, nosotros nos comprometemos a contribuir al esfuerzo colectivo al término del estado de alarma para mitigar las indeseadas consecuencias que derivarán de ella".

De ahí que las asociaciones expresen su intención de “colaborar en el plan de choque liderado por el Consejo General del Poder Judicial de cara a la reanudación de la actividad judicial que atenúe los tiempos de espera y agilice la resolución de los conflictos planteados o que puedan plantearse”. Un plan de choque al que se refirió ayer mismo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una comparecencia junto al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 “ha puesto al límite nuestro servicio público de salud y a los profesionales que en ella trabajan”, subrayan las asociaciones de jueces, que miran ya al día después en la Administración de Justicia: “Una vez superada esta crisis sanitaria deberemos afrontar los graves problemas políticos, económicos y sociales derivados de la parada casi total de la actividad del país”.

Y recuerdan que la declaración del estado de alarma “ha supuesto la suspensión de todas las actuaciones judiciales y de los plazos procesales”, salvo en los supuestos de servicios esenciales fijados por el Consejo General del Poder Judicial. “Dentro de las consecuencias derivadas de la propia emergencia sanitaria y del impacto económico de las medidas adoptadas durante el estado de alarma, tras su levantamiento, se encuentra el más que previsible aumento de litigios en todas las jurisdicciones junto a la reanudación de la actividad judicial suspendida”, aventuran las asociaciones.