Suspendido el juicio a Cifuentes por el “caso máster” por el coronavirus

La Audiencia de Madrid ha suspendido el juicio que sentará en el banquillo a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por la falsificación de su máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Así lo han confirmado fuentes del tribunal, que aseguran que la Sección 15ª de la Audiencia Provincial ha adoptado esta decisión “debido a la situación sanitaria que atraviesa el país”.

Estaba previsto que la vista oral, en la que están acusadas otras dos personas, entre ellas Cecilia Rosado, integrante del tribunal que según el acta bajo sospecha examinó a Cifuentes, comenzara el próximo 11 de mayo y continuara hasta el día 14. Por el momento, la Sala no ha fijado aún una nueva fecha para el juicio a la espera de la evolución de la crisis sanitaria del Covid-19 y de sus consecuencias en la Administración de Justicia.

La Fiscalía pide para la ex presidente madrileña tres años y tres meses de prisión por un delito de falsedad documental -una petición de condena que la acusación que ejerce la URJC eleva a cuatro años- al considerar que Cifuentes promovió esa supuesta falsificación que acreditaba que había defendido su Trabajo de Fin de Máster (TFM) en la citada universidad, algo que según el Ministerio Público “jamás se produjo”, con el propósito de evitar “las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”.

En su escrito de calificación provisional la Fiscalía mantiene que tras publicar la noticia eldiario.es Cifuentes envió a la también acusada María Teresa Feito, entonces una de sus asesoras, para que llevara a cabo “las gestiones oportunas” en la universidad, donde se elaboró un nuevo acta con “apariencia de similitud” pese a que la ex presidenta regional no había defendido el trabajo de fin de máster ni había superado las asignaturas ni realizado los trabajos que habilitan para la obtención del mismo.

La ex dirigente del PP de Madrid niega que presionara a nadie para que se redactara un acta que avalara que había realizado el trabajo de fin de máster de Derecho Autonómico.

La Fiscalía pide para Rosado, ex directora del Máster de Derecho Autonómico y Local, una pena de 21 meses porque admitió los hechos y colaboró en la investigación. Según el relato del Ministerio Público, se prestó a redactar esa nueva acta por la “fuerte jerarquía” que le supeditaba al catedrático ya fallecido Enrique Álvarez Conde, ex director del Instituto de Derecho Público de la universidad, para quien la acusación pública pedía tres años y nueve meses de cárcel, pues defiende que fue él quien “dio instrucciones” a Rosado “para confeccionar el documento que reflejase que Cifuentes había defendido el TFM el 2 de julio de 2012 ante el tribunal”. Ella accedió finalmente, según la versión fiscal, por el temor a “las posibles consecuencias negativas para su trabajo”.