Rebelión de los presidentes autonómicos

Las conferencias de presidentes autonómicos que cada domingo enfrentan a Pedro Sánchez con las realidades de los territorios suponen el mejor termómetro para testar la acogida que las medidas que adopta el Gobierno tienen para el resto de los actores políticos.

Superados los momentos más crudos de la epidemia, en los que el cierre de filas fue casi total, el relajamiento o «alivio» del confinamiento y la entrada en la desescalada han hecho que aumenten las voces que demandan una gestión diferente de la crisis, alejada del centralismo del estado de alarma. Estas voces se convirtieron en un clamor en la octava reunión de Ejecutivo y las comunidades autónomas que tuvo lugar ayer por videoconferencia y en la que las críticas –salvo el sector socialista– trascienden los colores políticos.

Ya no se circunscriben únicamente a las regiones tradicionalmente críticas con el mando único como Cataluña o el País Vasco, sino que el malestar ya recorre otras autonomías como Galicia o Madrid, desde las que también se criticó con dureza el mantenimiento de la situación de excepcionalidad.

De nada sirven los esfuerzos de Moncloa, que responde con retraso a las demandas territoriales ni la propuesta de «cogobernanza» que se lanzó a la desesperada el pasado jueves desde el Senado por parte de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, para que, a través de un trato bilateral, Gobierno y comunidades autónomas gestionen y validen la promoción de sus provincias de una fase a otra de la desescalada. Tampoco la lluvia de millones en forma de Fondo para la recuperación que el Ejecutivo ha aprobado para paliar el impacto negativo de la crisis y fortalecer el ámbito sanitario, social y empresarial de las regiones a cuenta del Estado.

Los territorios mantienen su queja tradicional de falta de información e interlocución por parte del Gobierno, que anuncia públicamente las medidas antes de transmitírselas en privado, y la necesidad de que la unidad territorial sea más pequeña que la provincia. A esto se añade ahora la exigencia de poner coto al estado de alarma que dura ya 50 días y que el miércoles debe prorrogarse en el Congreso de los Diputados con los votos de algunos de los partidos que ayer expresaron su malestar.

En ese aval tendrá un papel decisivo el Partido Popular, cuyas comunidades autónomas, lideradas por Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid) y Alberto Núñez Feijóo (Galicia) cargaron con dureza contra la «unilateralidad» del Ejecutivo y el mantenimiento del estado de alarma, que consideran «desproporcionado» y que se asemeja más a un «estado de excepción». «No hay una cogobernanza real cuando nos enteramos todos a la vez de lo que se anuncia los sábados», criticó Feijóo.

A ellos se sumaron también dos socios imprescindibles para el Gobierno como son los nacionalistas, desde el País Vasco y Cataluña. Tanto el lendakari, Iñigo Urkullu, como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no comparten que siga vigente el mando único y se mantengan centralizadas las competencias. Ambas comunidades se sumaron también al cuestionamiento de la «cogobernanza» que propone Moncloa.

El Gobierno activó este mecanismo como un instrumento para rebajar la tensión y consensuar las decisiones, aunque la última palabra la seguirá teniendo el Ministerio de Sanidad. «Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán trasladar al Ministerio de Sanidad propuestas específicas de desescalada en sus territorios de acuerdo al esquema orientativo previsto en el citado plan, así como plantear alguna actividad no contemplada entre las actividades permitidas en las diferentes fases. Asimismo, aunque la unidad territorial de referencia que se fija es la provincia, la isla o la ciudad autónoma, podrán proponerse ámbitos de aplicación diferenciados en unidades de nivel territorial distinto», reza el BOE.

El presidente de la Generalitat confirmó que su grupo (Junts per Catalunya) votará en contra de la prórroga que se debatirá el miércoles en el Congreso y mostró su preocupación por el relajamiento en las medidas de confinamiento, pidiendo que el uso obligatorio de la mascarilla se extienda más allá del transporte público, a todas las actividades que se realicen. Torra también exigió cautela a la hora de reactivar progresivamente la actividad económica, solicitando no ser «prisioneros el calendario», porque estas urgencias pueden llevar a dar pasos en falso.

Tanto el presidente catalán como el de Andalucía, Juanma Moreno, coincidieron en que las comparecencias de Sánchez deberían ser el domingo y los anuncios y la conferencia de presidentes el sábado para contar con la información de primera mano. Moreno se mostró partidario a darle un margen de tiempo a Sánchez, aprobando una nueva prórroga del estado de alarma, para que este finalice a finales de mayo.

Varios de los presidentes autonómicos consideraron que existen cauces legales para establecer las medidas sanitarias y de restricción de movilidad necesarias para la desescalada mediante la legislación ordinaria y fuera del mando único, algo que sería posible, por ejemplo, a través de la Ley de Salud Pública y la Ley de Medidas Especiales.

Por su parte, desde el Gobierno se reitera la necesidad de mantener el estado de alarma. «Ha funcionado durante siete semanas, es el único instrumento constitucional que tenemos para limitar la movilidad –algo clave para evitar el contagio– y es imprescindible en la desescalada», defendió el ministro de Sanidad en una comparecencia en Moncloa.

Una extensión de lo que hizo el propio Sánchez en privado. Por su parte, los presidentes autonómicos del PSOE cerraron filas con el Gobierno y evitaron visibilizar sus diferencias.