El acuerdo PSOE-Bildu: Trato de favor oculto para País Vasco y Navarra

El acuerdo firmado a tres bandas entre PSOE, Podemos y Bildu para conseguir la abstención de los últimos en la prórroga del estado de alarma, no solo pone de manifiesto que el Gobierno se compromete a derogar la reforma laboral -de manera íntegra para los morados y para el partido de Otegi y solo los aspectos más lesivos para el PSOE- sino también, contempla beneficios de gasto para las entidades locales, forales y autonómicas vascas y navarras, así como que la capacidad de endeudamiento de estas se establezca “exclusivamente” en función de sus situaciones financieras.

¿Pacta el PSOE con Bildu la derogación de la reforma laboral solo?

No. El acuerdo ratificado entre el Gobierno y Bildu también incluye otras «cláusulas» favorecedoras para el País Vasco. Ofrece un trato preferencial a los ayuntamientos y gobiernos autonómicos vascos en cuanto a su capacidad financiera.

¿Qué dice concretamente sobre esas políticas públicas de gasto?

Según el acuerdo «las entidades locales, forales y autonómicas dispondrán de mayor capacidad de gasto para políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales originados por la crisis del Covid.19».

¿Incluye más beneficios para la comunidad autónoma?

Sí. Estos gastos en políticas sociales serán exceptuados del cómputo de la regla de gasto. Por otra parte, también acuerdan que «la capacidad de endeudamiento de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra se establecerán exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras».

¿Tienen este trato de favor otras comunidades?

No. El Gobierno ha dado luz verde, entre otras medidas, a un fondo de reconstrucción de 16.000 millones de euros. Pero es un capital que no tiene negociación propia entre Gobierno y comunidad. En el acuerdo lo que se ratifica es una negociación clara entre Moncloa y el País Vasco.

¿Qué dicen las comunidades sobre este trato de favor?

Desde el PP denuncian la «deslealtad» de Pedro Sánchez al primar a país Vasco y Navarra frente a otras comunidades. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla cree que es un «agravio» y «discriminación» contra el resto de comunidades.