Ciudadanos volverá a negociar una nueva alarma

El Gobierno sigue defendiendo que la alarma es el único instrumento jurídico válido para controlar la movilidad y el derecho de reunión durante el proceso de desescalada. También lo piensan presidentes autonómicos del PSOE y del PP.

Pero la debilidad del Gobierno en el Parlamento es extrema y ayer Sánchez comunicó a los «barones» autonómicos que su intención es acelerar la desescalada, que no sean necesarias las dos semanas por cada fase, y que esto permitirá que muchas comunidades se queden fuera del estado de alarma en los próximos días. Y que todo el país lo esté a finales de junio y principios de julio. Esto era lo previsto, la novedad es que la desescalada sea también asimétrica en la alarma, aunque tiene su sentido si el objetivo de esta medida excepcional es mantener el control de los movimientos y las restricciones empiezan a desaparecer por completo de algunos territorios.

La agenda inicial establecía que las cuatros islas que van por delante llegasen a la nueva normalidad el 15 de junio, y, por tanto, saliesen antes de la alarma. Y que la mitad de España, que entra este lunes en la fase 2, lo hiciera el 22. Según dio a entender ayer el presidente, estos planes se acelerarán.

Para los puntos más afectados por el virus –Madrid, Barcelona y Castilla y León– el final total de la desescalada se programó en principio para el 5 de julio. Si finalmente se adelanta el levantamiento de la alarma el Gobierno necesitará de cobertura parlamentaria durante menos tiempo. Aunque el sábado el presidente dio a entender que su intención es solicitar una sexta prórroga, con nuevas condiciones adaptadas a las nuevas circunstancias.

El Gobierno soportó una tortura parlamentaria la semana pasada en el último debate en el Congreso para aprobar la quinta prórroga. Tanto que ante la evidencia de la ruptura de su mayoría de investidura llegó a cometer el despropósito de firmar un pacto con Biildu sobre la reforma laboral, que tuvo que rectificar a las dos horas de anunciarlo.

La posición de ERC, su «no», es muy difícil que cambie, porque además Cataluña, por su problema sanitario, será uno de los últimos territorios, junto con Madrid, que vea levantarse las restricciones de movimiento que tutela el «mando único».

Pero la pieza de Ciudadanos sigue estando ahí. La formación naranja se abre a negociar, como viene haciendo desde que estalló esta emergencia sanitaria nacional. Si Sánchez cumple lo pactado con ellos, y si justifica las razones de mantener la alarma más tiempo, de manera asimétrica, en Ciudadanos están abiertos a darle su «sí» de nuevo.

En coherencia con la posición que han mantenido hasta ahora y en la que han primado «la salud, salvar vidas y la defensa del interes general» sobre las duras críticas a la gestión que está haciendo el Gobierno socialista de la pandemia.

Su portavoz adjunto, Edmundo Bal, anticipaba este domingo en LA RAZÓN la estrategia de su partido, y su voluntad de mantener esa estrategia «al servicio del objetivo de ser útiles a los españoles» aunque el jefe del Ejecutivo pactase la semana pasada con Bildu a oscuras y sin informar a Ciudadanos, el partido que iba a ser su principal sostén para mantener el estado de alarma.

Inés Arrimadas y su equipo han apostado por una política de negociación de acuerdos, uno a uno, y con condiciones, sin rebajar por ello la oposición al Gobierno de Sánchez. Es su apuesta por hacer valer sus diez escaños y marcar a su vez diferencias con el PP y Vox, que han convertido sus críticas a la gestión socialista en un «no» rotundo al estado de alarma, por ejemplo.

La aceleración de la transición depende de que no haya más casos de contagios y que los que se produzcan se detecten y aíslen con celeridad. También está abierto el debate de la movilidad interprovincial. Pero la flexibilización de la alarma acentuará a su vez la presión de PP y Vox para que los territorios que tengan que quedarse para el final de la vuelta a la normalidad, Madrid y Cataluña, previsiblemente, se gestionen con reformas en las leyes sanitarias vigentes y sin recurrir a la alarma. Es decir, que sean sus gobiernos autonómicos los que controlen el proceso.

Sánchez reiteró ayer a los presidentes autonómicos que confía en que a finales de junio o principios de julio todo el país recupere su libertad de movimiento para que los ciudadanos puedan disfrutar de sus vacaciones a partir de esa fecha. Igual que los turistas extranjeros.