La autocracia de Moncloa “sentencia” los consensos

El Gobierno no deja de acumular agujeros en su estabilidad y de alimentar tensiones con la oposición cuando se abre paso la crisis social y la crisis económica que deja el confinamiento. Ayer Interior cesó al jefe de la Guardia Civil que investigaba las responsabilidades del director de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, en la falta de prevención en la manifestación del 8-M. La justificación fue la «falta de confianza», El coronel Diego Pérez de los Cobos dirigió el operativo del Gobierno de Rajoy en Cataluña por el 1-O, y la oposición apunta a motivos políticos en esta destitución. La Guardia Civil desarrolla, por orden de una juez, la investigación sobre las presuntas responsabilidades penales de Simón y del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8-M. Cobos fue nombrado por Alfredo Pérez Rubalcaba y hasta ahora todos los ministros le han querido tener cerca en Interior por su capacidad de análisis y porque es una persona muy respetada en el Cuerpo. La Guardia Civil está cumpliendo un papel fundamental en la implementación del estado de alarma y el cese ha generado un profundo malestar dentro de la Institución Armada.

La estrategia del Gobierno ha empezado a considerarse «temeraria» dentro de su partido, no ya sólo en la oposición. Cada una de las decisiones agrava la posibilidad de que se tienda algún tipo de puente con el principal partido de la oposición, que ayer ya exigió la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique las razones de la fulminante destitución del coronel Pérez de los Cobos. Dentro del Gobierno tampoco se explican el golpe en la mesa cuando la impresión general es que las causas abiertas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia pueden ser molestas en su recorrido procesal, pero no tienen ningún futuro penal.

Este cese o el pacto con Bildu, por citar dos de las últimas polémicas decisiones del Gobierno, alejan la posibilidad de que el Ejecutivo pueda acercar posiciones con Ciudadanos (Cs) y apoyarse en la formación naranja para sortear su debilidad parlamentaria. El apoyo en la prórroga del estado de alarma es una excepción, y Moncloa lo sabe: cualquier negociación posterior con Cs dependerá del clima político y de que Pedro Sánchez cumpla con las condiciones fijadas por Inés Arrimadas, por mucho que molesten a Pablo Iglesias.

El PP y Ciudadanos coincidieron ayer en advertir que Sánchez parece empeñado en colocar «piedras en el camino» para hacer imposible un mínimo entendimiento. El PP no lo quiere, pero el Gobierno se lo pone fácil para que justifique el «no» y endurezca cada día su posición. Y en el caso de Ciudadanos, cualquier movimiento de cesión al independentismo o a la radicalidad de Podemos les aleja obligatoriamente de la negociación con el PSOE.

«Todo lo que hacen en Moncloa parece dirigido a boicotear los consensos. Llegan tarde y mal. Y la sensación de que quien está al frente de los mandos se mueve al día, sin medir los efectos de sus decisiones ni pensar más allá de seguir aguantando, penaliza la confianza que necesitamos para unir fuerzas para la reconstrucción», señalaron en Cs.

En este partido insisten en que su voluntad de negociar, pensando en el interés general, está encima de la mesa «siempre que no se traspasen líneas rojas».

El desconcierto se extiende más allá de la oposición y afecta a los presidentes autonómicos, con independencia del color del partido. Hay una sensación de desgobierno y de «siniestro». Y hasta los más partidarios de que se mantenga el estado de alarma por razones sanitarias se quejan de la «altanería» y de la «autocracia» con la que se mueven en Moncloa justo cuando están más solos que nunca.

La desconsideración hacia los socios ha llegado a sublevar al PNV. Y la desconsideración hacia el «núcleo duro» del Gobierno está haciendo que la parte más solvente del Ejecutivo se sienta desplazada y sometida al «ventajismo político» de Podemos. Ayer sólo Unidas Podemos aplaudió la «depuración» del mando de la Guardia Civil. «Es higiene democrática», dijeron.