Sánchez burla el estado de alarma para dar poder a las Comunidades Autónomas

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se prepara estos días para devolver de nuevo a partir de este lunes 8 de junio las competencias autonómicas a los presidentes de los gobiernos regionales que entren en la Fase 3 prevista en el plan de desescalada diseñado por La Moncloa como transición a la nueva normalidad, tras el confinamiento de toda la población española decretado el pasado 14 de marzo para frenar el avance imparable por aquellas fechas del coronavirus. Para ello, el presidente del Gobierno se saltará la legislación actual que regula el estado de alarma.

En este sentido, fuentes jurídicas consultadas por este diario avisan de que constituye una vulneración de la legislación vigente que las comunidades que entren en Fase 3 recuperen plenamente su poder, mientras, España continúa bajo el estado de alarma, cuya prórroga fue aprobada esta semana por el Congreso de los Diputados hasta el próximo 21 de junio.

Precisamente, el jefe del Ejecutivo anunció el pasado domingo la devolución de «la gobernanza absoluta» a las autonomías que pasen a la Fase 3, después de pactar con ERC su abstención y con el PNV su apoyo a la prolongación del estado de alarma hasta el próximo día 21 de junio. Esa situación de excepcionalidad es la que hace incompatible legalmente que las autonomía recuperen su poder. En concreto, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Estado de Alarma de 1981 establece que «a efectos del estado de alarma la autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una comunidad».

Por tanto, como afecta a todo el territorio nacional,no pueden recuperar sus competencias unas autonomías sí y otras no, mientras se esté bajo estas circunstancias. Así de contundente lo alertan a La Razón estas mismas fuentes jurídicas. En este contexto, será ilegal que a partir de este lunes el Gobierno central delegue de nuevo las competencias en los presidentes del País Vasco, Canarias, Cantabria, Navarra, Murcia, Melilla, La Rioja, Galicia, Extremadura, Baleares y Aragón, en el caso de que La Moncloa de luz verde a que estos territorios pasen a la Fase 3, tal y como reclaman sus respectivos Ejecutivos.

La cuestión se complica aún más en autonomías cuyo territorio se encuentra en diferentes fases de desescalada. Este es el caso de Andalucía, en la que las provincias de Málaga y Granada acaban de entrar en la 2 y, por tanto, deberían permanecer en esta Fase una semana más, concretamente hasta el 15 de junio. Mientras, el resto del territorio andaluz cambiará, con toda seguridad, este lunes a la Fase 3, con la consiguiente libertad de circulación de personas entre provincias. Fuentes del Gobierno andaluz no ocultan a este periódico la dificulta que entraña gestionar una desescalada a dos velocidades, sobre todo, si se tiene en cuenta que Almería colinda con Granada. De ahí que confíen en que, al final, toda la comunidad abandone a la vez de la Fase 2. Algo similar ocurre en Cataluña y Castilla-La Mancha. Mientras, Madrid permanecerá en las 2 y no podrá, por tanto, recuperar su gestión plena. Situación que vulnera la legalidad vigente.

El Gobierno decidirá en las próximas horas qué autonomías avanzan de fase. Las que lo hagan a la tercera, prácticamente la mitad del país, corresponderán a sus Ejecutivos la condición de autoridad competente delegada, según aclaró el propio jefe del Gobierno central en la última Conferencia de Presidentes, que se reúne habitualmente todos los domingos desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo.

En este escenario, fuentes jurídicas insisten a este diario en la ilegalidad que supone devolver las competencias a unas autonomías sí y otras no, mientras se prolonga el estado de alarma. «Sólo se podría ejecutar cuando la causa (el estado de alarma) sólo afectara a una comunidad. La ley es taxativa y aclara que se pueden delegar exclusivamente las competencias bajo estas circunstancias», advierten.

Mientras, fuentes del Gobierno vasco, que no ocultan que la ley es clara, prefieren poner el énfasis en que su redacción data de 1981, «fecha en la que el Estado Autonómico estaba aún en pañales. De hecho, ni se habían constituido las comunidades», recuerdan. Según estas fuentes, en aquella época «no era poco que se admitiese la posibilidad de que la autoridad competente se pudiera delegar en el presidente de una autonomía en las circunstancias que regula el artículo 7» de la Ley Orgánica del Estado de Alarma.

Pese a ello, el Ejecutivo vasco considera lógico que, aunque la ley no lo establece así, en un momento de crisis, como el actual, el Gobierno central, «autoridad competente bajo la dirección de su presidente, nombrase a los presidentes autonómicos autoridades delegadas en las materias de su competencia». A su juicio, «es lo que debería haber hecho desde el principio Pedro Sánchez y, así, diseñar un sistema respetuoso con el Estado Autonómico actual y no burlándose del mismo», avisan.

Denuncias

Ante este panorama, la gran incógnita a despejar en los próximos días es si los presidentes de las comunidades que no avanzarán en la desescalada denunciarán o no la vulneración de la ley orgánica de 1981 por parte del Gobierno socialista. De momento, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lamentó ayer no contar con información ni documentación sobre cuáles serán las competencias de la comunidad en la Fase 3. De esta manera tan gráfica, criticó que aún los socialistas no hayan comunicado si Andalucía contará con las competencias en materia de movilidad.

No obstante, el jefe del Ejecutivo andaluz prefiere esperar a la decisión que adopte el Gobierno central sobre el avance de las comunidades en la desescalada. El presidente de Castilla-La Mancha también ha adoptado esta misma postura de prudencia. No obstante, fuentes del Gobierno castellano-manchego no ocultan su malestar por cómo se está gestionando desde La Moncloa la desescalada del territorio nacional. Estas críticas también han sido compartidas públicamente por el jefe del Ejecutivo de la Comunidad Valenciana.