Illa y Pastor aceleran el pacto por la Sanidad: más material y financiación

El pacto sociosanitario está muy avanzado y apunta a dos fases: reserva de material y dotación presupuestaria

Esta semana se votan las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción. Tal y como avanzan las negociaciones, salvo sorpresa, hay muchas posibilidades de que haya un acuerdo. Al menos en el ámbito sanitario y de investigación. Los documentos presentados por PSOE y PP, y que podían enmendarse hasta las tres horas de ayer, dejaban margen para un acuerdo entre las grandes fuerzas.

En este trabajo de acercamiento de los últimos días hay que destacar el esfuerzo de los equipos del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y de la ex ministra de dicha cartera Ana Pastor (PP), quienes han conseguido crear un clima que permite confiar en la posibilidad de que el pacto socio sanitario siente a su vez las bases para un entendimiento más amplio entre el Gobierno y las comunidades autónomas, y entre PSOE y PP, a la hora de hacer frente a otros desafíos de esta crisis.

Los borradores con los que trabajan se dirigen a concretar un acuerdo sanitario en dos etapas. La primera, de aplicación inmediata, afecta a la reserva estratégica de material sanitario frente a la pandemia, además del refuerzo de las estructuras de Atención Primaria, fundamentales en el proceso de detección. La segunda fase tiene como objetivo conseguir durante el último semestre del año mejorar la dotación presupuestaria del sector sanitario. Ésta debe ser negociada en los PGE de 2021, que en septiembre debe entrar en el Congreso de los Diputados.

La votación de las conclusiones se producirá el viernes En estos momentos se descarta un gran acuerdo para la reconstrucción económica, pero el consenso sociosanitario deja abierta la puerta a confiar en que se pueda seguir avanzando en el futuro siempre que la línea matriz de los PGE equilibre la atención a las demandas del poder económico y no incluya subidas de impuestos que rompan el diálogo social, que tan bien está funcionando hasta el momento, como reconocen todas las partes, en el ámbito de los ERTE.

El acercamiento entre Illa y Pastor no gusta a la parte morada del Gobierno, que se ha quejado de la generalidad de las conclusiones presentadas por la coalición para favorecer un mínimo acuerdo. Ni tampoco gusta al ala dura del PP, representada en el Congreso por la portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo. Pero sí tiene el respaldo mayoritario del poder territorial, que está a la espera de que se resuelva de alguna manera el problema de la financiación autonómica y local. En julio el Gobierno debe abonar el primer pago de los 16.000 millones de euros no reembolsables comprometidos con las comunidades autónomas para hacer frente a la crisis de Covid-19. En el primer tramo se abonarán 6.000 millones distribuidos en función de población protegida, número de hospitalizaciones e ingresos en UCI y PCR practicados.

Pero este fondo para las comunidades debe completarse de manera urgente con la reclamación de todos los ayuntamientos para disponer de superávit, que en el caso de Madrid supera los 400 millones de euros, y que el poder municipal quiere que sirva para atender los servicios sociales que prestan y cuyo gasto se ha disparado por la crisis sanitaria. Señalan que el caso más claro es el del abono del Ingreso Mínimo Vital, cuya gestión recae en los ayuntamientos. De hecho, el temor de éstos se ha visto confirmado el pasado viernes. Sólo pudieron abonarse 74.119 prestaciones de las más de 200.000 a las que se comprometió el Gobierno para el mes de julio. En cualquier caso, se abonarán con carácter retroactivo en los próximos meses, para lo que será necesario dotar de más recursos a los ayuntamientos para agilizar el trámite y evitar el colapso administrativo que ya se ha vivido con los ERTE. Desde hace semanas el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lleva liderando la presión para que se atienda esta necesidad financiera del poder local.

El pacto socio-sanitario llega en un momento clave para las comunidades y ayuntamientos. El fin del estado de alarma les ha pasado la responsabilidad del control de los rebrotes. El examen de la gestión recae ya directamente sobre ellos una vez que ya no hay «mando único». Y los dirigentes autonómicos del PP necesitan igual que los del PSOE que se imponga el espíritu de construcción por encima de las luchas de partido.

Ante la ausencia de un protocolo nacional, la Xunta de Galicia, por ejemplo, se ha apresurado este fin de semana a reforzar las medidas que existen en su territorio por la aparición de algún rebrote. La clave del futuro está, precisamente, en la buena gestión de las medidas de prevención, y en esta misma línea es en la que trabajan en Andalucía (PP), en Aragón (PSOE), o en Madrid (PP).

Fuentes parlamentarias resaltaban ayer tarde a este diario que la negociación nacional debe tener en cuenta que todo debe ir dirigido a incentivar la colaboración entre las Administraciones porque las presiones económicas no permitirían en estos momentos recurrir de nuevo a la vía extrema del confinamiento general y del estado de alarma. Hay mucha preocupación en la costa española por la evolución de la situación con la llegada de los primeros turistas nacionales e internacionales.