El ex alcalde de Sada: “El Pazo de Meirás siempre fue propiedad privada”

"A mi abuela la expulsaron de su casa", relata un vecino, que afirma que la vigilancia de la Guardia Civil se mantuvo en la propiedad hasta los años 80

Testigos aportados por la familia Franco en el juicio que se celebra para la recuperación del Pazo de Meirás como “bien público” –tras la demanda presentada por la Abogacía del Estado– alegaron hoy, en su primera jornada, que ninguna administración se “hizo cargo” del inmueble tras la muerte del entonces Jefe de Estado.

Frente a su testimonio, los testigos llamados por el Estado ratificaron el uso de personal de administraciones y de fondos públicos para labores de mantenimiento y vigilancia, en este último caso por parte de guardias civiles. Y es que la pregunta clave para resolver este litigio es si el Pazo de Meirás se mantenía con dinero público.

“A mi abuela la expulsaron de su casa”, expuso uno de los testigos, vecino de Meirás, a preguntas de la Abogacía del Estado en relación al “proceso coactivo” que, según sostiene esta parte –en el juicio que celebra el Juzgado de Primera Instancia número uno de La Coruña en la antigua Audiencia Provincial por cuestiones de espacio– hubo en relación al proceso de adquisición del pazo por parte de los Franco.

El Estado, a cuya demanda se suman también la Xunta, la Diputación coruñesa y los ayuntamientos de Sada y La Coruña, defiende que la escritura de 1941, por la que se habría adquirido el inmueble, es una “venta simulada”, algo que niegan los letrados de los Martínez-Bordiú Franco. En su caso, argumentan que se trata de un documento legal y que el Pazo de Meirás es una “propiedad privada”, de la que el Estado y las demás administraciones se desentendieron.

En intentar demostrar o negar estos dos planteamientos se centraron las preguntas realizadas a los testigos. En la primera jornada comparecieron un guardia hortelano del pazo hasta 1990, dos vecinos de Meirás, un funcionario del Ayuntamiento de La Coruña, el alcalde de Sada desde 1979 hasta 2007 y un amigo de la familia Martínez-Bordiú Franco.

El vecino de Meirás Juan Pérez Babío, de 70 años y residente este pueblo casi toda su vida, uno de los cuatro testigos de la jornada a instancias de la Abogacía del Estado, denunció que a su abuela le quitaron sus tierras para ampliar la propiedad del pazo. Babío explicó que había guardias civiles vigilando el inmueble, una función que se mantuvo hasta principios de la década de los ochenta, así como “trabajadores de la Comandancia de Obras y jardineros del Ayuntamiento de La Coruña para preparar el pazo”. “Desde finales de los 50 hasta la muerte de Franco”, precisó. “A raíz del incendio [en 1978] no los veía”, añadió también sobre la familia Franco, de los que limitó su presencia en el inmueble a unos “días” en verano y cuando hubo una boda, en 1996.

Preguntado sobre el estado del Pazo de Meirás entre 1978 y 1990, dijo que desde fuera se veía “abandonado o semiabandonado” hasta que “a mediados de los 90 empezaron a llevar gente que tenía tractores”.

Sí ratificó la presencia de Carmen Franco en Meirás a partir del año 2000, limitando la misma a “15 o 20 días”. Preguntado, mientras, por el letrado de los Franco, si las administraciones “hacían algo” en el inmueble desde los años 80, manifestó que “no”, en referencia a la presencia de personal de las mismas.

Por otra parte, confirmó la del Ejército en las labores de extinción del incendio que se produjo en el inmueble. Mientras, un funcionario del Ayuntamiento de La Coruña apuntó que en la década de los 60 “y algunos años de los 70” los bomberos de esta ciudad “llevaban agua al pazo”.

Además, participaron en las labores de extinción del fuego de 1978. "Había cinco o seis salidas", dijo sobre los desplazamientos de los bomberos antes del incendio, pero también de jardineros y, en algún caso, canteros.

Por su parte, el alcalde de Sada entre 1979 y 2007, Ramón Rodríguez Ares, quiso zanjar la polémica sobre la legitimidad del inmueble situado en la localidad coruñesa al asegurar que “siempre fue propiedad privada”.

Según el regidor dos administraciones, la Diputación y el Ayuntamiento de La Coruña, se interesaron por la compra del pazo en los primeros años de la década de los 80, por lo que es "correcto" que desde las administraciones públicas se reconociese que la propiedad era de la familia Franco.

“Una cosa, para recuperarla, tiene que haber sido antes de alguien, eso siempre fue una propiedad privada”, enfatizó el primer testigo en declarar a instancias de los herederos de Franco mientras que, a las puertas de los juzgados, se llegó a concentrar medio centenar de personas al grito de “¡Fascismo nunca más!”.

El ex regidor, que se definió como “amigo” de la familia Franco, negó haber otorgado en su etapa en la Alcaldía “algún beneficio público o fiscal” al pazo y que éste estuviese en situación de “abandono” por parte de la familia tras el incendio. También rechazó haber visto vigilancia de la Guardia Civil cuando lo visitaba.

"Supongo que sí", añadió al ser preguntado si por parte de los Franco se pidió licencia para las obras de rehabilitación del pazo. A esta cuestión, se refirió Luis Fernando Quiroga y Piñeyro, amigo de la familia Martínez Bordiú Franco y suegro de una de las demandadas, que asumió labores de gestión durante la reforma del pazo tras el incendio en 1978.

“Carmen tenía miedo a la obra pero eso nunca lo hemos hablado –dijo tras ser preguntado por si tenía dudas de si era la propietaria–, ni ella conmigo se sinceró en ningún momento sobre ese tema, en la época de Carmen Franco ni se lo cuestionaba”.

Según su relato, la familia siguió disfrutando del inmueble tras la muerte del dictador y, a partir del incendio, lo visitaban pero se alojaban en la Casa Cornide, en La Coruña.

“La rehabilitación del pazo a raíz del incendio a mi modo de ver la pagó ella o la familia, hicieron un esfuerzo entre todos”, abundó sobre las obras de rehabilitación, que empezaron en 1998 y finalizaron en 2002. “¡El esfuerzo económico que hicieron para ir un mes allí!”, exclamó el testigo.

“Tras la muerte de Franco, las administraciones desaparecieron”

Luis Felipe Utrera-Molina, letrado de los Martínez-Bordiú Franco, afirma que la primera jornada del juicio “ha ido razonablemente bien”. En su opinión, los testigos citados “han dicho la verdad”. Considera “evidente” que “mis clientes se hacían cargo de todos los gastos, es algo que les reconocían todas las instituciones, lo que ha quedado claro es que no solo por parte de la Diputación y el Ayuntamiento de La Coruña hubo negociaciones para comprar el pazo, sino que Carmen Franco le pidió ayuda a la Xunta –entonces con Manuel Fraga de presidente– para reconstruir el pazo y se le dijo que “ni un duro”. Y ahora sin embargo está ahí en primera línea de batalla”, lamenta acerca de la personación en el pleito por parte del Gobierno gallego.
Resume que “lo que ha quedado claro de todos los testimonios es que cuando murió Franco todas las administraciones públicas desaparecieron de ahí, no volvieron a poner dinero”. Porque, afirma el abogado de la familia Franco, “lo que quiere evitar el Gobierno es que en el caso de que se admitiese que el Estado usucapió por costear los gastos del pazo durante 30 años, reconocer que mis clientes a su vez hayan usucapido”. Y se refiere al hecho de que “un guardia hortelano que había allí no puede afirmarse que suponía la presencia del Estado”. Porque mientras tanto, “este cobraba el impuesto de sucesiones, el de donaciones, el IBI todos años años, se incendia y nada, y no solo eso, sino que el Ayuntamiento de La Coruña le cobró 500.000 pesetas a Carmen Polo. En ese momento no decía el Estado que eso era suyo y pagaba la factura. No solo no se ocupó, sino que reconoció a los Franco como dueños”.
Afirma prever una jornada “más complicada” el martes, cuando declaran los “pseudohistoriadores” que con Carlos Babío, coautor del libro “Meirás: un pazo, un caudillo, un expolio”, sostienen la tesis de que “Franco quería que el pazo fuera suyo, que estuviera a su nombre, cuando lo que está sosteniendo la Abogacía del Estado es que Franco lo quería para que se lo quedase el Estado”. Para explicar ese contrasentido, Utrera-Molina alega que ese libro “se escribió años atrás, cuando al letrado de la Administración de Justicia no se le había ocurrido la feliz idea de invocar la usucapión”.
Respecto al trato con los letrados de la otra parte, se apreció ayer un ambiente en general cordial salvo por el tono discordante por parte del abogado de la Xunta de Galicia, que ya en la audiencia previa dijo que hablaría en gallego y solo tras una queja de los letrados de los Martínez-Franco y la petición de la magistrada, accedió a cambiar de lengua para que pudiera entendérsele.