Los indultos del “procés” examinan al Gobierno

El Ministerio de Justicia ya tiene en su poder la primera petición de indulto para uno de los nueve condenados por el Tribunal Supremo a penas altas de prisión por un delito de sedición, relacionado con su participación relevante en todo el proceso independentista catalán que culminó con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Se trata de la presentada por UGT de Cataluña respecto a Dolors Bassa, ex consejera de Trabajo y Asuntos Sociales en el Gobierno de Carles Puigdemont y a quien se le impuso doce años de prisión. Al igual que el resto de los condenados, disfrutará ya del régimen de semilibertad concedido por la Generalitat, al otorgarle el tercer grado penitenciario. El Supremo le impuso una pena de 12 años de prisión por un delito de malversación en concurso con otro de malversación de caudales. Esta petición se suma a la ya registrada el pasado mes de diciembre un abogado catalán para los 12 condenados por esta misma causa. La tramitación de los indultos se paralizó con la declaración del estado de alarma, pero apenas una semana después lo «volvió a activar» por «interés general» poco después.

UGT de Cataluña presentó la solicitud de esta medida de gracia para Bassa el pasado mes de junio, pero no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido. Esta petición está avalada por el Consell Nacional de la organización sindical y la misma se justifica, entre otras razones, en el compromiso de Dolors Bassa con la sociedad y que la ex consejera de Puigdemont siempre ha estado a disposición de la Justicia.

La solicitud de indulto para la ex consejera obligará al Ejecutivo a pronunciarse al respecto, previo informe preceptivo del Ministerio de Justicia, del que es titular Juan Carlos Campo, que se presentará en el Consejo de Ministros para que sea éste quien se pronuncie de forma definitiva al respecto. Las opciones del Ejecutivo son tres: denegarlo, concederlo de forma total, lo que conllevaría no tener que cumplir nada de la pena que le queda, o un indulto de forma parcial, conmutándole una parte de la condena que le quede, cuya duración es también discrecional por parte del Ejecutivo de Sánchez.

Sobre los indultos de los condenados del «procés», algunos de los dirigentes de Podemos, socios de Gobierno del PSOE, se han mostrado abiertamente a favor de esa medida de gracia. Así, por ejemplo, el 14 de octubre del pasado año, poco después de la sentencia del Tribunal Supremo, Pablo Iglesias respondía a Pedro Sánchez cuando éste aseguró que se cumpliría de forma íntegra esa resolución: »En España se indultó a los terroristas Barrionuevo y Vera, al jefe del golpe de Estado del 23F Armada y el Supremo llegó a pedir el indulto a Tejero. Que Sánchez hable de cumplimiento íntegro es una prueba más de su apuesta por gobernar con el PP», llegó a decir entonces el hoy vicepresidente segundo del Gobierno.

Incluso en una entrevista en octubre de 2019, manifestó que «nadie debería excluir el indulto para restaurar la convivencia en Cataluña» .

Pero también desde las filas del socialistas, relevantes dirigentes apoyan también esa medida de gracia, como por ejemplo, el secretario general del PSC. Miquel Iceta, por ejemplo, se mostró partidario de la concesión del indulto antes y después de las elecciones últimas en Cataluña. Sin embargo, un sector del PSOE, como el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, se muestra totalmente contrario a esa posibilidad.

De esta forma, se puede predecir que la petición de las medidas de gracia para los condenados por sedición puede provocar una nueva fisura entre los dos partidos socios de Gobierno, ya que Podemos nunca ha escondido su posición favorable, mientras que en el PSOE conviven las dos opiniones al respecto. Ahora, hay un año para resolver la petición de indulto...y limar las discrepancias que habrá en el Gobierno.