Podemos cargó 15 contratos de forma irregular a una subvención

El Tribunal de Cuentas ha detectado que Podemos incluyó de forma irregular hasta quince contrataciones como parte de los gastos que esta formación cargó a la subvención estatal destinada a sufragar el coste de su seguridad. Así lo señala el órgano fiscalizador en uno de los informes que ha publicado esta semana, en este caso concreto, el relativo a la fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y las actividades de éstos financiados con cargo a subvenciones públicas durante el ejercicio 2016.

En concreto, el Tribunal de Cuentas precisa que, en ese año, los de Pablo Iglesias incluyeron dentro de esta ayuda salida de las arcas públicas hasta cuatro partidas que no son subvencionables. En primer lugar,un importe que asciende a los 131.927,15 euros correspondiente, según la documentación facilitada por la formación morada, «al coste laboral de cinco trabajadores que se encargan de la identificación de acceso a la sede central» del partido. Un destino, en principio, que sí entra en los parámetros marcados por el Real Decreto 1306/2011 que regula las subvenciones para la seguridad de los partidos. En concreto, en su artículo 7.a, el Real Decreto especifica que las formaciones sí pueden declarar como subvencionable el gasto en personal de seguridad, en lo que concierne a los costes de contratación de dicho servicio o, en su caso, la retribución bruta del personal contratado para esta finalidad y otros costes derivados. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas concluye que «del análisis de los respectivos contratos de trabajo se deduce que los mismos no especifican la realización de funciones de seguridad establecidas en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada». O lo que es lo mismo, que Podemos no ha logrado acreditar que esas contrataciones se efectuasen con ese fin.

El segundo de los reparos puestos por el Tribunal de Cuentas tiene que ver con un gasto de 47.272,73 euros correspondiente al coste laboral de dos trabajadores de la formación «que se encargan de la comprobación y actualización de los sistemas de seguridad informática y de la protección de información regulada por la Ley Orgánica de Protección de Datos». Sin embargo, el informe incide en que este gasto tampoco es subvencionable en la medida en la que el Real Decreto que regula esta subvención no incluye esas labores al referirse, en su artículo 9.b, únicamente al «software para la protección de la información» como elemento sí sufragable.

Tampoco considera subvencionable el Tribunal de Cuentas el importe de 201.400,47 euros que Podemos incluye en este capítulo. En este caso, sirvió para sufragar el «coste laboral de ocho trabajadores de la formación que se encargan de la seguridad en actos públicos». Tampoco en este caso, según los autores del informe, el partido morado puede acreditar que el gasto se ajuste a lo dictaminado en la ley ya que «del análisis de los respectivos contratos de trabajo se deduce que los mismos no especifican la realización de funciones de seguridad establecidas en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada».

Finalmente, la cuarta partida sobre la que pone el foco el Tribunal de Cuentas es la que suma un importe de 9.045,75 euros correspondiente a cursos de formación en seguridad privada a favor de los quince trabajadores «cuyo coste laboral no se ha admitido». Al no ser subvencionables esos costes laborales, el Tribunal de Cuentas entiende que Podemos tampoco puede incluir en las partidas sufragadas por la subvención estatal estos cursos de formación.

La suma de estos cuatro apartados asciende hasta los 384.646 euros. En el informe, el órgano fiscalizador concluye que, únicamente en lo que concierne a la subvención estatal anual para sufragar los gastos de seguridad, Podemos debe reintegrar 320.967,07 euros de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del citado Real Decreto.

Recurso por su imputación

Estas irregularidades se suman a las que también el Tribunal de Cuentas ha detallado en su reciente informe de fiscalización sobre los gastos de la coalición Unidas Podemos en las elecciones generales del 28 de abril del año 2019. Con motivo de aquella cita con las urnas, los de Iglesias incurrieron en un gasto irregular de 425.037 euros, de los que 133.100 euros corresponden a facturas que no han sido debidamente justificadas, mientras que otros 290.727,41 euros integran una partida de gasto que el Tribunal de Cuentas concluye que no tiene la consideración de gasto electoral con arreglo a lo establecido en el artículo 130 de la Loreg y que, por lo tanto, no puede ser subvencionable.

Respecto a la imputación de Podemos y de su tesorero, entre otros responsables de la formación, el partido ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la nulidad de la causa al considerar que las pruebas que dice haber aportado el abogado despedido por la formación morada José Manuel Calvente son meras «sospechas», no tienen «relevancia penal» y además fueron obtenidas de forma «ilícita». El diputado de la formación Rafael Mayoral achacó ayer esta causa a una operación destinada a sacar a Unidas Podemos del Gobierno.