¿Nos volverá a confinar Sánchez? Seis meses del estado de alarma

El presidente anunció a finales de agosto que, en adelante, serán las regiones, y no el Gobierno, quienes decidan si quieren imponerlo en sus comunidades

11 de marzo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara la Covid-19 como pandemia. «Estamos profundamente preocupados, tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Es por ello que hemos decidido decretar el estado de pandemia», aseguró su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Solo tres días más tarde, el Gobierno de Pedro Sánchez maniobraba e imponía el estado de alarma en el país. Era la segunda vez en democracia que se recurría a esta situación de excepcionalidad, después de que José Luis Rodríguez Zapatero hiciera lo propio durante la crisis de los controladores aéreos en 2010.

El zarpazo del coronavirus se ha cebado especialmente con España, que actualmente sigue liderando los contagios a nivel europeo. Seis meses después, su efecto se cuantifica –en cifras oficiales– en más de 566.000 casos, más de 29.700 fallecidos y una crisis socioeconómica sin precedentes. Los efectos que ésta última todavía están por definir. Tras 183 días, la eventualidad de un nuevo estado de alarma generalizado se va desvaneciendo. Y lo hace, a pesar de que los números siguen siendo preocupantes: este viernes se batió el récord histórico de contagios: 12.183 casos, por encima de los 9.222 que se llegaron a notificar el 31 de marzo, en pleno epicentro de la pandemia. Sin embargo, en Moncloa descartan imponer la excepcionalidad en todo el territorio. Solo en caso de que la situación se «agravara drásticamente» y de manera «uniforme» en todo el país, se volvería a recurrir al artículo 116 de la Constitución. Desde el Ejecutivo intentan hacer pedagogía para desligar del imaginario colectivo el estado de alarma del confinamiento que llevó aparejado durante los primeros meses de restricciones. Aseguran que éste se dio en su grado más severo, pero que –como ocurrió en la desescalada- hay «muchos estados de alarma» en función de los escenarios.

El avance asimétrico hacia la nueva normalidad que se permitió entonces a las distintas comunidades autónomas en relación a su evolución del virus, sirve de referencia para la gestión actual. En Moncloa se reivindica el buen papel que están haciendo las autonomías y las diferencias notables en número de casos que hay entre unas y otras para dejar en sus manos los siguientes pasos a dar en sus territorios, ya sea con la adopción de medidas propias del sistema de fases de la desescalada o aplicando «confinamientos quirúrgicos» en aquellas zonas en las que se detecte una transmisión comunitaria de la Covid-19.

De este modo, Pedro Sánchez anunció a finales de agosto que, en adelante, serán las regiones, y no el Gobierno, quienes decidan si quieren imponer el estado de alarma en sus comunidades, defendiendo su decisión –en debate y votación– ante el Congreso de los Diputados.

Así, el Ejecutivo trasladaba la responsabilidad y el desgaste del mando único y de imponer estas medidas restrictivas a las CC AA. Un movimiento que bebe de la predicada «cogobernanza» pero también del alto precio político que Moncloa ha pagado durante los meses más crudos de la pandemia, en los que tuvieron que enfrentar al mismo tiempo ataques por la inacción y la recentralización de competencias autonómicas.

En un clima de máxima crispación y ausencia de unidad, la pandemia forzó de facto un cambio de aliados y acrecentó las tensiones dentro de la coalición. Ciudadanos dio un paso al frente y decidió ocupar un papel determinante, limitando la influencia de ERC y escorando al PP hacia la derecha con Vox.

La entrada en escena de los naranjas, con el nuevo liderazgo de Inés Arrimadas, ha puesto en cuestión la mayoría de la investidura y, en forma de geometría variable, ha alimentado la esperanza de Moncloa de ampliar sus apoyos para la legislatura. Sin embargo, la incompatibilidad manifiesta entre Podemos y Ciudadanos sigue vigente y ha contribuido a ampliar la brecha existente entre los socios de coalición.

Los choques entre socialistas y morados han sido una constante durante la gestión de la pandemia, pero especialmente desde el inicio del nuevo curso político. Ajenos a algunas informaciones trascendentes –como la salida del Rey emérito del país o la fusión entre Caixabank y Bankia– los de Pablo Iglesias se revolvieron cuando descubrieron que los contactos con Ciudadanos para aprobar los futuros Presupuestos estaban muy avanzados en privado.

Apoyos para los Presupuestos

En Moncloa vinculan el fondo de ayudas europeas para la Covid-19 con la aprobación de unas nuevas cuentas en las que vehicular la inyección de recursos de Bruselas. No sacarlas adelante sería tanto como «desaprovechar» ese dinero, sostienen en el Ejecutivo, y ciertamente un fracaso para sus aspiraciones, pues con los Presupuestos se aseguran la «legislatura larga y fructífera» que Sánchez augura cada vez que tiene oportunidad.

Mientras, los socialistas no ahorran en llamamientos al PP –siguiendo la misma estrategia que durante la pandemia– para aislar al principal partido de la oposición en su negacionismo junto a Vox, al tiempo que se apela a lograr un acuerdo transversal con el mayor número de partidos posibles.

Estas llamadas a la unidad externa chocan con el clima interno en la coalición. La necesidad de Unidas Podemos de marcar perfil, aireando públicamente sus diferencias con el PSOE, han generado malestar en el sector socialista del Gabinete, que cree que estos posicionamientos desvían el foco de la estrategia del Gobierno. Pues trasladan la imagen de que, mientras Sánchez pide unidad al resto de partidos para aprobar los Presupuestos o impulsar la renovación de los órganos constitucionales, no es capaz de conseguirla ni siquiera en el seno de su propio Gobierno.

A la gestión de las expectativas de las cuentas públicas se unen las generadas sobre la posibilidad de tener una vacuna a finales de año. En Moncloa no quieren renunciar a este escenario que pondría fin a la emergencia sanitaria decretada hace seis meses.