Y España ya no fue la excepción

Dice Ignacio Martínez de Pisón en su última novela «Fin de temporada»: «Era aquel un pueblo sin plaza, por tanto sin centro, en el que las calles daban vueltas en torno a nada». Es más que probable que el escritor zaragozano no tuviera en mente el espectro ideológico de nuestro país cuando escribió estas palabras, pero la descripción encaja casi, casi a la perfección con el dibujo que el reparto de los escaños en el Hemiciclo del Congreso traza del arco político español. La última cita con las urnas, de la que aún no ha transcurrido ni un año, dejó un escenario dividido y fragmentado donde el espacio de centro o moderado tendió a reducirse y dejó la Legislatura a merced de los balanceos de los extremos. Con los partidos tradicionales, PSOE y PP, alejados de sus amplias mayorías habituales, y con Ciudadanos ajustado a los diez diputados que ahora trata de rentabilizar apelando a la virtud de los partidos liberales (esto es, pactar a uno y otro lado), el cambio que empezó a marcar la llamada nueva política ha cristalizado en un bibloquismo imperfecto y paralizante que, lejos de avanzar, da vueltas sobre sí mismo, como el pueblo de Martínez de Pisón.

Política sin más

De aquella nueva política, que se subió a las encuestas primero, y a los resultados electorales después (con la fulgurante entrada de Podemos en el Parlamento europeo en 2014), de aquellas nuevas formas y modos para estar en la cosa pública, poco queda seis años después. Ha envejecido pronto y mal. Ni el partido morado, heredero autoproclamado del 15-M, ni Ciudadanos han conseguido fidelizar votantes y, además, en demasiadas ocasiones, se han limitado a replicar los comportamientos que antes cuestionaban. Incluso los naranjas, como PSOE y PP, cuentan ya con su ex de rigor. Al igual que sucede cada vez que hablan Felipe González o José María Aznar, en Ciudadanos han empezado a experimentar la tensión de la mirada de reojo a las palabras de su antiguo líder por si acaban convertidas en juicios sumarísimos sobre sus últimas decisiones. Albert Rivera reapareció esta semana para presentar su libro «Un ciudadano libre» (Ed. Espasa) y aprovechó la ocasión para tratar de explicar su llegada-ascenso-caída de la primera línea de la política, sin que aún hayamos podido despejar la incógnita de si lo que falló en su proyecto fue acabar con el carácter de bisagra que estaba en el origen de la formación al no querer pactar con el PSOE o si el error estuvo exactamente en lo contrario. Esta tesis, que el partido se desangró en las urnas por anunciar que levantaba el veto a Pedro Sánchez justo antes de las elecciones de noviembre de 2019, es la que defiende Rivera.

En cualquier caso, abandonó la política y el centro vuelve a sufrir en España la maldición que lo ha acompañado a lo largo de nuestra historia: los partidos que enarbolan su bandera crecen y crecen para luego desvanecerse en tiempo récord. Y ese amplio espacio, que engloba según el CIS alrededor del 51 por ciento de los españoles, queda huérfano de siglas y sometido a los vaivenes de los demás partidos, a un lado y a otro, que intentan ampliar así su base electoral. Basta recordar los guiños de Sánchez al electorado moderado durante la campaña del 10-N, poniendo tierra de por medio con Podemos y los partidos independentistas catalanes, o los intentos de Pablo Casado de alejarse de los discursos radicales a los que le arrastraba Vox. Aunque el adagio electoral apunta que las elecciones se ganan en el centro, sociólogos, politólogos y asesores empiezan a cuestionarlo al ritmo que las corrientes iliberales recorren los sistemas políticos occidentales y el éxito llega de la polarización y de las emociones. Ver esta semana a Trump y a otros líderes en la Asamblea de Naciones Unidas era el triunfo de las políticas de resentimiento de las que ya advertía Francis Fukuyama.

España se suma a esta corriente internacional (incluso estrenando sindicato de Vox, al más puro estilo lepenista), y deja de ser la excepción europea que fue al sumarse al abandono del centro político, con unas siglas u otras, pero entendido como modo de estar en política. Aunque ahí siga Inés Arrimadas intentando hacernos creer que hay vida entre unos y otros y avisando de que no se levantará de la mesa de los presupuestos, pese a que Gabriel Rufián esté en ella, y por mucho que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya llevado los indultos al debate en el Congreso. Atentos a Cataluña los próximos días.

¿Otro estado de alarma?

Y esta semana en las conversaciones de pasillo planea, cómo no, el estado de alarma. Ese instrumento jurídico, perfectamente útil, contemplado en el artículo 116 de la Constitución que ha saltado de sus páginas para convertirse en arma arrojadiza. Ya sucedió cada quince días la pasada primavera. Era una valla en la carrera de obstáculos de la covid, y un ejercicio de aplicación práctica de la geometría variable parlamentaria.

Ningún político quiere ser el responsable de volver a la situación de alarma. Cabe preguntarse qué fue de los cambios en las leyes sanitarias que permitirían limitar los movimientos en caso de necesidad sin tener que decretarla. Aquellos que quedaron plasmados en un documento firmado por el PSOE y Ciudadanos y de los que la vicepresidenta Carmen Calvo aseguró el pasado mayo que se trabajaba en su reforma. Y así estrenamos el otoño, con incertidumbres, sin saber muy bien qué camino tomará la vida política. ¿Por dónde quedaba el centro?