Iglesias y la peste del olvido

Desgastar las instituciones y normalizar lo excepcional amenaza con convertir la vida política española en un páramo de irrealidad

A veces lo irreal se vuelve cotidiano. Lo imposible se hace tangible. Y el realismo mágico se acaba convirtiendo en el estilo que impregna la vida política española.

Quizá sea este 2020, que ha conseguido que perdamos la capacidad de asombro, o quizá sea la persistencia de algunos acontecimientos en superar el límite de lo asumible, pero esta semana se han sucedido una serie de fenómenos (cada vez más normales y menos paranormales) que, pese a su excepcionalidad, no han logrado marcar casi ni un gesto de sorpresa o extrañeza en los ciudadanos.

El Tribunal Supremo inhabilitó al president de la Generalitat, Joaquim Torra, y la opinión pública lo recibió con la naturalidad de lo ya vivido, como si ese capítulo lo hubiéramos visto antes y no fuera la primera vez que ocurría en 40 años.

Por cierto, tan solo 48 horas después, el mismo inhabilitado president acudía al Parlament en una especie de sesión-homenaje para denunciar con toda solemnidad que había sido víctima de un «golpe de Estado». Y casi ni un pestañeo colectivo. Igual que los habitantes del Macondo de Gabriel García Márquez convivían con las apariciones de fantasmas de antiguos enemigos o con lluvias que duraban cuatro años, once meses y dos días, los españoles de hoy asisten, asistimos, anestesiados a las desobediencias reiteradas de quienes deberían ser los primeros cumplidores y al deterioro del nivel mínimo de algunas de sus instituciones.

Ni rastro de Sagasta

Ya lo adelantó un diputado popular por los pasillos del Congreso durante la jornada de investidura, allá por el mes de enero, cuando la legislatura echaba a andar, los periodistas aún nos arremolinábamos en torno a los políticos y poco imaginábamos lo que nos vendría después. «Esto parece un circo», espetó entonces su señoría. Y aunque había pistas que indicaban que así sería, por lo ocurrido en legislaturas anteriores, no deja de entristecer que su augurio se esté cumpliendo.

La Cámara Baja, que representa la soberanía popular, se ha convertido en una plataforma para lanzar eslóganes, insultos varios y zascas que buscan acaparar titulares rápidos en las webs. Como el «Callaos la boca» de la diputada de Vox, Macarena Olona, en la sesión del martes a cuenta de una pancarta que habían colocado representantes de Podemos, a los que hubo que pedir que la retiraran de las bancadas porque el Hemiciclo no puede igualarse a un estadio de fútbol.

Lo grave, no es (no solo) que el Congreso se haya convertido en ese circo, en ese show permanente; lo más grave es que cada vez queda menos rastro de la verdadera esencia del parlamentarismo: debatir y argumentar con solidez. Nadie espera ver a un Práxedes Mateo Sagasta o a un Antonio Cánovas del Castillo en la tribuna de oradores, pero la ligereza de las ideas, la escasa profundidad y el corto recorrido de las cuestiones que se tratan dejan una muesca cada vez más honda en uno de los pilares del Estado de Derecho. Ya lo avisó a mediados del siglo pasado George Orwell en su ensayo «Politics and the English Language»: la peligrosa conexión entre los textos vacíos y el empobrecimiento de la política.

Y a esto asistimos en cada sesión de control al Gobierno. A un deterioro que va arraigando y que va aletargando al estupor ciudadano hasta el punto de necesitar que las mayores obviedades tengan que ser recordadas. Como que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ante un Pleno que se le había ido de las manos, tuviera que pedir a los diputados «educación y respeto» o que la Mesa del Congreso defienda que el Código de Conducta de las Cortes deba recoger entre sus principios el «acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». Faltaría más. O menos, ya no se sabe.

Ministros antisistema

Pero el Pleno del Congreso del miércoles pasado rebasó una línea hasta ahora respetada: la de la Jefatura del Estado. Que en el Consejo de Ministros se sientan algunos políticos que son un caballo de Troya del sistema (que no régimen) del 78 no es ninguna novedad. Que Pablo Iglesias o Alberto Garzón son republicanos, tampoco.

Lo que sí supone un cambio de paradigma político es acusar en redes sociales al Jefe del Estado de «maniobrar contra el Gobierno» y cuestionar después en sede parlamentaria su neutralidad política. Un vicepresidente y un ministro del Gobierno convierten al Rey en protagonista de una sesión bronca y le intentan alejar del espacio común a todos los españoles que la Carta Magna le otorga y que lo sitúa al margen de la contienda partidista. Y apenas pasa nada.

Qué poco han durado las muestras de respeto institucional de la toma de posesión de los ministros y las promesas ante el propio Felipe VI.

Atacar a la Jefatura del Estado va mucho más allá del eterno debate entre Monarquía o República: es atentar contra las bases de la Constitución refrendada por los españoles el 6 de diciembre de 1978 y que estableció la monarquía parlamentaria como modelo de Estado. Un sistema (con el que se podrá estar de acuerdo o no) que comparten democracias tan modernas y consolidadas como la holandesa, la danesa o la sueca, muy alejadas del vasallaje medieval que algunos se empeñan en retratar, con poderes concretos y limitados del Jefe del Estado y que ha contribuido a que España haya tenido los años de mayor prosperidad y desarrollo de su historia reciente. Habrá que tener memoria y confiar en que no nos llegue, como a Macondo, la peste del olvido.