Sánchez y el tango de Visegrado

La reputación de España en Europa se mantendrá con pactos políticos y evitando reformas alejadas de estándares democráticos

Existen en psicología cuatro aspectos para explicar el «yo»: el yo abierto, el yo oculto, el yo ciego y el yo desconocido. El primero representa lo que soy y muestro a los demás; el segundo, la parte que conozco de mí, aunque escondo al resto; el tercero refleja lo que yo no veo, pero los otros sí; y el último, y más inquietante, los rasgos que ni uno mismo ni los demás conocen y que, aún así, condicionan decisiones y comportamientos. Si cambiamos el «yo» por nosotros y nos mandamos al diván, el psicoanálisis que se le puede practicar a la España en la que vivimos quizá arroje luz sobre lo que nos ocurre y, aún más importante, se convierta en una guía para salir (indemnes) de los varios laberintos en los que andamos perdidos. O quizá solo sirva, como relata Woody Allen en su autobiografía «A propósito de nada», para crearnos «la propia ilusión de que estás haciendo algo para ayudarte. Depositas tus esperanzas en un Godot que nunca llega, pero la idea de que tal vez sí se presente te ayuda a sobrevivir a la pesadilla que te rodea». Palabra de asiduo al psicoanálisis. Así que, volviendo a la teoría de los cuatro «yoes» y centrándonos en el tercero (lo que yo no veo, pero los demás sí), en España tenemos una idónea oportunidad para conocernos y mejorarnos a partir de las alertas que nos llegan estos días desde el exterior.

En el punto de mira

Abrió la veda hace un par de semanas The Economist que achacaba a la «tóxica política española» el empeoramiento de la pandemia y su correspondiente crisis económica, y apuntaba también a la deriva «latinoamericana» de nuestras cuestiones públicas. Le han seguido la prensa alemana, que nos ve como «el peor enfermo de Europa»; la francesa, que alerta de la falta de liderazgo político; e incluso un diario suizo que ha llegado a preguntarse, ni más ni menos, si España es un Estado fallido. Sin pretender ser exhaustivos en las muchas aristas de este concepto, podemos recurrir, para acotarlo, a la definición de Noah Chomsky que asegura que «es aquel estado que no protege a sus ciudadanos y no respeta el derecho internacional, por lo que pueden interferir y violar los derechos de otros estados». Es evidente, ajustándonos a esta descripción, que España no es un Estado fallido y que está muy lejos de serlo, pero el simple hecho de que pueda existir la duda, más o menos razonable, de que lo sea es motivo suficiente para una seria reflexión sobre qué están viendo fuera de nuestras fronteras y provocar un deterioro de la imagen española de tal envergadura.

En primer lugar, es obvio, ven los datos. Estadística tras estadística, la gestión de la crisis del coronavirus sitúa a España en los lugares más críticos de las tablas (casi de cualquier tabla), mientras el FMI contribuye al descrédito y nos deja en una asfixiante soledad como la peor gran economía avanzada en 2020.

Pero más allá del retrato de las cifras, en nuestro entorno se perciben algunos movimientos políticos que nos alejan de la senda democrática y nos aproximan peligrosamente a sistemas iliberales (sin serlo), como Polonia y Hungría, el conocido en Europa como grupo de Visegrado.

Ya en su primer discurso sobre el estado de la Unión Europea el pasado septiembre, la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, fijó las líneas rojas de su mandato: «La Comisión atribuye la máxima importancia al Estado de derecho (...). Ya se trate de la primacía del Derecho de la Unión, de la libertad de prensa, de la independencia del Poder Judicial. Los valores europeos no están en venta». Además, hace poco más de quince días, la Comisión encontró en España dos puntos críticos: la falta de renovación del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018, y el nombramiento de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, inmediatamente después de haber sido ministra de Justicia.

Negociación ineludible

Y tras estos toques de atención de Europa (preocupada por lo que ocurra en España, no hay que perder de vista que es la quinta de sus economías), llegaba la propuesta de PSOE y Podemos de rebajar la mayoría en el Congreso para el nombramiento de 12 vocales del CGPJ. «Atropello legal», «medida antidemocrática» o «atentado, despropósito y disparate» son algunas de las reacciones del mundo judicial (casi unánimes) que nos han puesto en el centro de la diana en plena negociación con el Parlamento europeo para la aprobación de los 750.000 millones de euros de fondos, de los que esperamos recibir 140.000, y con el debate sobre su condicionalidad abierto.

El bloqueo en la renovación del CGPJ, siendo grave, no puede servir de coartada para una reforma que agudizaría el problema de la politización de la Justicia y la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones. No deja de resultar sorprendente que hayan sido Íñigo Errejón y Gabriel Rufián, socios del Gobierno, quienes han mostrado sus reticencias a la propuesta. Creen que, con el cambio, la elección de los jueces quedaría al albur de mayorías coyunturales. Bienvenidos al espíritu del 78: consenso y equilibrio a través de un sistema de elección reforzada que impide que el Poder Ejecutivo (del color que sea) controle al Judicial. Ahora solo queda esperar a que se active la negociación para renovar el CGPJ, a la que se abrió ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a que las advertencias de Europa frenen una reforma que en modo alguno corresponde a una democracia como la española y que sí, como apuntaba The Economist, puede recordar a maneras más propias de la política de Argentina. Un país, por cierto, muy dado al psicoanálisis.