El ex comisario José Manuel Villarejo se ha querellado contra el vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias, la ex asesora de Podemos Dina Bousselham, la letrada del partido Marta Flor Núñez y la ex responsable de sus servicios jurídicos Gloria Elizo, actual vicepresidenta tercera del Congreso por un delito de acusación y denuncia falsa.

En el escrito presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (donde por razón de su cargo está aforado tanto Iglesias como Elizo), el abogado de Villarejo, Antonio Cabrera, imputa a los querellados la comisión del referido delito por imputar a su defendido “hechos inciertos que de ser ciertos constituirían delito” -ser el responsable de la filtración de conversaciones de dirigentes de Podemos, entre ellos el propio Iglesias, guardadas en la tarjeta SIM del móvil sustraído a Bousselham en noviembre de 2015 para perjudicarle políticamente- “con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad”.

La defensa de Villarejo -en prisión provisional por el “caso Tándem” desde noviembre de 2017- hace referencia a la exposición razonada remitida por el instructor del “caso Dina”, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en la que pide al Supremo que impute por tres delitos al líder de Podemos por instrumentalizar supuestamente este procedimiento para intentar sacar rédito electoral presentándose como víctima de una operación parapolicial de las “cloacas” del Estado ejecutada por el ex comisario.

En su escrito, entre otras diligencias Villarejo solicita que se cite a declarar como testigo al ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, que denunció la supuesta financiación irregular de la formación morada y expresó a García Castellón el pasado septiembre su convicción de que la filtración de esas conversaciones -en una de las cuales Iglesias aseguraba que “azotaría” a la periodista Mariló Montero hasta que sangrase- provenía de una filtración interna del partido y no de una operación de la denominada “Policía patriótica”.

El letrado reitera que esta investigación se abrió “de una manera espuria” con el único “objetivo político” de “ayudar electoralmente” a Iglesias y a Podemos “promoviéndolo como perjudicado” del robo del móvil de Bousselham que se investigaba “cuando evidentemente no lo era”.

“Se involucra al sr. Villarejo en la comisión del delito -se queja- y de ahí la necesidad de contextualizar la publicación de las imágenes en una campaña contra el secretario general de Podemos y el propio partido ejecutada” por el ex comisario “como resultado de un encargo”.

Para la defensa del ex mando policial el fundamento de la supuesta falsedad reside en “imputar a los denunciados, a sabiendas de su inverosimilitud, su participación en la desaparición” del móvil de Bousselham “sosteniendo el ardid” de la conexión entre la publicación de las imágenes", que atribuye a “una filtración de la propia Dina”, y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015.

“Fingió ante la opinión pública”

La personación del vicepresidente y su denuncia “tenían una finalidad estrictamente de oportunidad política”, mantiene el letrado, quien señala además que Bousselham “faltó a la verdad en sus manifestaciones cuando negó” ante el juez García Castellón en su primera declaración en marzo de 2019 (luego rectificó el pasado mayo) “que no fue ella quien envió las capturas de los mensajes publicados en el digital OK Diario”. Unas imágenes que, añade, la ex asesora de Iglesias en el Parlamento europeo “había enviado a terceras personas desde su propio dispositivo”, algo de lo que según él tanto Iglesias como Bousselham “eran plenamente conscientes”.

Villarejo considera en consecuencia que Iglesias se personó como perjudicado en la causa “fingiendo ante la opinión pública, y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales”. En definitiva, argumenta, la representación letrada del líder de Podemos y de la ex asesora morada, “conforme a las instrucciones dadas por” Iglesias y “con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica”, que ejercía Elizo, presentaron la desaparición del teléfono “como un encargo realizado por el Gobierno del Partido Popular” al ex comisario “para publicar información procedente del mismo en el digital Ok Diario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Pablo Iglesias, y por ende a Podemos”.

La defensa del ex comisario hace suya la argumentación expuesta por García Castellón en su escrito pidiendo la imputación de Iglesias y señala que tras la publicación de esas conversaciones Iglesias se reunió con dirigentes de la formación morada a finales de julio de 2016 y “explicó a sus compañeros que sabía que las imágenes publicadas eran fruto de una filtración de gente del propio partido”, pese a lo cual, denuncia, se habría puesto en marcha un “uso torticero del proceso penal” al vincular el robo del móvil con la publicación del contenido de esos chats.

Iglesias, insiste, “sabía de antemano que ni había hurto, ni conexión entre la sustracción y la publicación, ni delito de descubrimiento y revelación de secretos, pues había visto el contenido de la tarjeta” (cuando en enero de 2017 se la entregó el presidente del Grupo Z) “y la tenía en su poder”. Por eso, añade, “probablemente meses después se la devolvió a su propietaria inservible, porque sabía que ella era el origen de la publicación”.

En la querella se hace referencia a la declaración ante el juez de Calvente, quien aseguró que en el seno de Podemos se creó "un comité de crisis entre Irene (Montero), Iglesias, Juanma del Olmo y Rafa Mayoral para gestionar todo esto del caso Villarejo y es cuando a partir de ahí se diseñada toda esta estrategia, consistente según explicó el letrado en “utilizar el caso Villarejo en beneficio político nada más” para que “a través de los contactos de Marta Flor con la Fiscalía” conseguir “que Iglesias participe y que sea llamado a declarar”.