Congreso, ma non troppo

El limitado control de los diputados al estado de alarma agrava el trasvase de competencias del legislativo al ejecutivo en el último año

PlatónLa Razón

Una tormentosa noche de verano de 1816 Mary Shelley concibió la historia de un doctor que desafió a la naturaleza al crear, a partir de fragmentos humanos, un ser que despertaba el horror de quienes lo veían. Dos siglos después (y tras convencer a la sociedad victoriana de que una novela de tal calidad había sido escrita por una mujer), la política española adoptó el nombre de aquel doctor, Frankenstein, para explicar los pactos o acuerdos de partidos que poco, o nada, tienen que ver entre sí, pero que se unen en un momento determinado por un interés común. Esta misma semana Frankenstein revivió en el Congreso. Y lo hizo a través de los apoyos a la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de declarar el estado de alarma durante seis meses (hasta el 9 de mayo) y en el que elude la periodicidad de los controles parlamentarios que hasta ahora se había aplicado. Resumiendo, la excepcionalidad convertida en norma sin la pertinente vigilancia. La rendición de cuentas ante el Parlamento del jefe del Ejecutivo, que se limitará a una comparecencia cada dos meses (durante el anterior estado de alarma se producía de manera quincenal), ha sido ya denunciada por el PP ante la Comisión de Venecia, el órgano encargado de que se respeten los derechos fundamentales en el Consejo de Europa. El Congreso, sin embargo, ha avalado este estado de alarma, prolongado y con menos controles, sin que la mayoría de los partidos pidieran explicaciones por recurrir, de nuevo, a este instrumento jurídico.

Lo urgente y lo importante

Hace cinco meses y medio, el 13 de mayo de 2020, la vicepresidenta, Carmen Calvo, confirmó en el Senado que el Gobierno se planteaba modificar la ley de salud pública para evitar recurrir a la alarma en caso de que se produjeran rebrotes y hubiera que volver a confinamientos o medidas que limitaran derechos. Días más tarde, ya a principios de junio, y con las prisas de la desescalada acuciando, el PSOE pactó con Ciudadanos unas condiciones para que los de Inés Arrimadas dieran el visto bueno a la última prórroga del estado de alarma. Entre ellas, se encontraba la promesa de la citada reforma legal para evitar la excepcionalidad del artículo 116 de la Constitución. De la posibilidad de aquellos rebrotes hemos pasado a la certeza de la segunda ola (o tercera, según algunos virólogos como Margarita del Val), pero de los cambios legislativos comprometidos nada hemos sabido. Ni siquiera, y quizá esto sea más grave, del motivo por el que no se ha intentado negociar en este tiempo.

Esta ausencia de interés por legislar sorprendería si no conociéramos la sequía que aqueja desde hace años al Congreso y que amenaza con reducirlo a la imagen colectiva de un espacio de intercambio de opiniones o, a veces, algo menos constructivo (podríamos recurrir a Miguel de Unamuno cuando afirmaba que «los hombres gritan para evitar escucharse el uno al otro»). El riesgo es claro. Alejarlo de su papel clave en la soberanía nacional: el insustituible titular del poder legislativo en el que se proponen, se perfilan, se debaten y se construyen las leyes.

Basta mirar las normas que se han aprobado en los últimos años para constatar cómo el pulso legislativo ha ido decayendo en la Carrera de San Jerónimo. Si comparamos 1978 con 2019, encontramos 141 iniciativas legislativas en el primero frente a las 18 del último. Si bien es cierto que los momentos históricos son muy diferentes, al comprobar la producción normativa en la Cámara Baja sí apreciamos que a partir de 2016 se reduce de manera evidente. Ese fue, en concreto, el año de menor actividad legislativa de la democracia, con solo 10 iniciativas. Gobiernos en funciones, repeticiones electorales y bloqueos cruzados se encuentran entre las causas por las que el Parlamento ha limitado su capacidad para regir la vida de los ciudadanos en detrimento de otros poderes del Estado.

Medidas a la carta

De hecho, a lo largo de 2020, se han aprobado más decretos que leyes: 31 frente a cinco. Y esto no es casual. Supone que el Gobierno lleva a las Cortes un texto cerrado, que solo admite aprobación o rechazo, acelerando los plazos y evitando el trámite de las enmiendas, es decir, la fase en la que los grupos debaten y consensúan. Es ahí, precisamente, donde reside el valor del legislativo, que ningún otro poder puede (ni debe) sustraerle: el pacto y la negociación.

Pero, además, la crisis provocada por la pandemia ha vuelto a poner de relieve el (eterno) conflicto de competencias que puede surgir y, de hecho surge, con las comunidades y sus distintas legislaciones. La imprescindible coordinación vuelve a parecer una quimera frente al caos normativo de 17 estados de alarma. Las actuaciones de Angela Merkel y Emmanuel Macron, que apuestan por planes nacionales que den unidad en la lucha contra el coronavirus, suponen un recordatorio para el Ejecutivo de Sánchez de lo que afirmaba allá por el mes de marzo: que las medidas ante la pandemia deben ser comunes porque el virus «no entiende de territorios». Francia y Alemania demuestran con esta unidad de acción que la descoordinación no se debe al modelo territorial (uno es un estado centralizado y el otro, federal), sino que depende directamente de la gestión de sus gobernantes (o, peor aún, de la ausencia de gestión). Merkel y Macron marcan el camino a España para evitar la confusión y que este estado de alarma a la carta termine convertido en otro Frankenstein.