La ex abogada de Podemos, al juez sobre la reforma de la sede: “El baile de cifras no nos cuadraba”

La ex abogada de Podemos Mónica Carmona -despedida por el partido en diciembre del año pasado cuando investigaba supuestas irregularidades en la contabilidad de la formación de Pablo Iglesias- aseguró al juez que ni ella ni el entonces letrado de Podemos José Manuel Calvente (del que también prescindió Podemos en esas mismas fechas) entendían “el baile de cifras” en la adjudicación de las obras de reforma de la sede morada.

En su declaración por videoconferencia ante el magistrado Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que investiga la supuesta financiación irregular del partido morado, la letrada ratificó sus sorpresa al constatar que la obra se adjudicó por casi 1,3 millones cuando se había licitado por 649.000 euros, lo que considera un indicador de un posible fraude.

“¿Supieron la razón por la cual en una licitación al final el precio de adjudicación es mucho mayor que el de licitación?”, pregunta el fiscal a Carmona. “Eso es lo que nosotros estábamos investigando -asegura ella-. Lo que no entendíamos era el baile de cifras. Si una obra se licita una obra por 649.000 lo que se paga son 649.000. Se incluye tanto la mano de obra como los materiales. Es así como se recoge en el proyecto de ejecución que presenta el arquitecto”.

Y eso aunque, añade, “después se podrá decir que la obra es inferior al precio de mercado”. “Pero resulta que uno de los indicadores de fraude -recalca- justamente consiste en esto: en establecer un precio de licitación inferior al de mercado porque de esta manera hay empresas que no van a competir porque ven que el margen de beneficio prácticamente es nulo”. Entonces, añade, "compite una sola empresa aspirante, ¿y al final qué se hace?: “Yo te lo adjudico y después ya te pagamos lo que sea”. El baile de cifras es lo que a nosotros no nos cuadraba".

La letrada explica que esa fue, precisamente, la primera investigación que llevó a cabo junto a Calvente en su calidad de responsable del área de Cumplimiento Normativo. “A raíz de esas sospechas iniciamos una investigación”, recuerda en su declaración, porque “el presupuesto que aprueba el consejo de coordinación y que encomienda a la gerente del partido era de 649.000 euros”.

Ese proceso, detalla, tenía tres fases: la publicación en la web del perfil del contratante, las presentación de las propuestas por parte de las empresas y la adjudicación en sí, “que se publica el 3 o 4 de junio” del pasado año. Pero a posteriori, a raíz de unas conversaciones en un chat interno de dirigentes de Podemos se enteraron de que las obras empezaban el 20 de mayo “justo el día que el consejo de coordinación aprueba que se ejecuten” y un día antes de que empezasen a llegar las ofertas de los contratistas “cuando la licitación no había sido publicitada”.

Carmona asumió ante el juez que la denuncia de Calvente que dio origen a la investigación judicial se presentó bajo su responsabilidad por el cargo que ocupaba. “Era nuestra obligación”, dijo, al considerar que existían “sospechas fundadas de hechos que podían ser constitutivos de infracción penal”. Además, admitió que así pretendían “evitar que se trasladara cualquier tipo de responsabilidad hacia nosotros” al ser los encargados de velar por el cumplimiento normativo en el funcionamiento del partido.

“Complementos ficticios”

Respecto a los complementos retributivos denunciados, Carmona aseguró que el tesorero Daniel de Frutos y la gerente Rocío Val se subieron el suelo mediante dos complementos de “coordinación ejecutiva y coordinación” que “ni existen ni existían”.

“Fueron dos complementos ficticios para justificar un aumento de la nómina en 600 euros mensuales tanto por parte de la gerente como del tesorero. Y tampoco debía pagarse el complemento de responsabilidad personal a Marta Flor”, la letrada de Podemos. En el caso de la abogada, precisó, ese complemento “no estaba justificado porque sus funciones eran las mismas, y además le estaban pagando la mutualidad”, lo que considere que no procedía “dado que estaba contratada en régimen general”. Fue, insiste, “absolutamente irregular y una forma arbitraria de aumentarse el sueldo”.

Además, aseguró que fueron “ellos mismos” quienes “de forma unilateral” decidieron subirse el sueldo, algo que según ella correspondía a la Ejecutiva del partido porque “lo que se quería en el partido era evitar agravios comparativos”.

Neurona: Izquierda Unida estaba “inquieta”

Respecto al contrato con la consultora Neurona para las elecciones del 28-A del pasado año (que el juez sospecha que fue simulado y puede encubrir una financiación irregular), la ex letrada de Podemos hizo hincapié en que ella y Calvente descubrieron que Neurona “fue constituida con posterioridad a la formalización del contrato y nos llamó la atención que el administrador aparecía en los “papeles de Panamá” y que esos mismos socios eran los mismos de Neurona Consulting, una sociedad que está investigada en Bolivia por corrupción y a la que está vinculada José Manuel Monedero, porque la propia Neuron Consulting lo publicita como uno de sus directivos”.

Asimismo, Carmona contó al instructor que Izquierda Unida “estaba inquieta y reticente” con respecto a esos contratos, porque según le comentaron “Podemos estaba utilizando el CIF sin el conocimiento del administrador de Izquierda Unida”. “¿Aquí qué está pasando con estos contratos?”, aseguran que le preguntaron desde la coalición.

Eso sí, la testigo quiso dejar claro al juez quienes le denunciaron a ella las supuestas irregularidades en la financiación de Podemos eran “personas que por el ejercicio de sus funciones o el cargo que ocupan tienen un conocimiento directo de los hechos” y, además, le aportaron documentación.