Galicia quiere la gestión futura del Pazo de Meirás

Galicia quiere hacerse cargo de la gestión futura del Pazo de Meirás. Fue la Abogacía del Estado la que inició en 2019 el pleito para que la propiedad vaya al patrimonio público, una petición a la que se sumaron el Ayuntamiento de Sada, la Diputación y el Ayuntamiento de La Coruña y la propia Xunta.

El Parlamento de Galicia, con los votos del PP y la abstención de los grupos de la oposición, sacó adelante hoy una proposición no de ley para solicitar al Gobierno que ceda la gestión al Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo, una vez que la familia Franco lo revierta al Estado.

Una entrega que está por confirmar se convierta en definitiva, puesto que hay un recurso pendiente presentado por los herederos que debe resolver la Audiencia Provincial de La Coruña, aunque los nietos del dictador llegarán hasta el Tribunal Supremo si es necesario, como ha confirmado a LA RAZÓN Francisco Franco Martínez-Bordiú.

Mientras, debe culminarse el inventario ordenado por la jueza Marta Canales, que falló en primera instancia el pasado 2 de septiembre que el pazo debe integrarse en el patrimonio público.

Este proceso se prolongará hasta tres días antes de la fecha prevista de entrega, el 10 de diciembre, a la que accedió la familia Franco, aunque ahora ha manifestado ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña que necesita “al menos dos meses” para retirar los bienes desde que finalice el inventario. Y, en consecuencia, que se retrase la entrega prevista para la ejecución provisional de la sentencia.

Su representación legal sostiene que los nietos de Franco se ven “obligados a entregar un inmueble de considerables dimensiones y en cuyo interior hay una gran cantidad de ‘cosas’ (bienes muebles)” que, como han manifestado, no figuraban en la sentencia, que “se circunscribió a las fincas o inmuebles reivindicados”. “Sin hacerse extensiva ni incluir ninguna suerte de referencia a las cosas o bienes muebles que hubiese -y hay- en su interior”.

Además de calificar la fecha del 10 de diciembre como un plazo “notoriamente exiguo”, reclaman dejarla sin efecto después de que el juzgado adoptase medidas cautelares para proceder al inventario. En ellas se impide a los Franco sacar nada del pazo hasta que el juzgado lo autorice.

Tras la visita hecha por la comitiva judicial, los técnicos de Patrimonio y los letrados al inmueble el pasado 11 de noviembre, el juzgado acordó también dar un plazo de 20 días naturales, ampliable, para efectuar el inventario con el material de imágenes y vídeos recabado.