Justicia
Campo, sobre la renovación del CGPJ: Hay un “enorme acuerdo” al que “sólo falta hacerlo público”
Ultima la reforma de los delitos de rebelión y sedición para antes de fin de año, que conllevará una rebaja en las penas ,y se reforzará el delito de desobediencia al TC . El Gobierno “no es Pimpinela”. Si la Justicia citase al Rey emérito, “no tardará ni un minuto en venir”
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, insistió esta mañana en que el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial está mucho más que avanzado. De hecho, aseguró que habló con Enrique López “el jueves o viernes” para abordar de nuevo esta renovación, sobre la cual, dijo, se está en la misma situación de agosto, con un “enorme acuerdo” que podría hacer que se llevase a cabo de forma inmediata, toda vez que, en su opinión, “sólo falta hacerlo público”, a la vez confía en que el PP “vuelva” a ser un “partido de Estado” que permita renovar los órganos constituciones que tienen mandato vencido en su totalidad o de forma parcial. Estas manifestaciones las realizó el titular de Justicia en desayuno informativo de Europa Press.
Quien no comparte su optimismo sobre una inminente renovación del CGPJ es el líder de la oposición, Pablo Casado. En una entrevista esta mañana en Antena 3 TV, el presidente del PP culpó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, del bloqueo en las negociaciones que impide renovar el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, toda vez que el PSOE prefiere pactar con Bildu o ERC. “Ha elegido socios”, señaló al respecto Casado.
Rebelión y protección al TC
Por otro lado, el titular de Justicia señaló también que confía en llevar al Consejo de Ministros la reforma del Código Penal en lo que afecta a los delitos de rebelión y sedición. Esta modificación, que afectaría tanto a los condenados del “Procés” como al prófugo Puigdemont. El objetivo de esa reforma, afirmó Campo, es adecuar estas “conductas muy graves” a la realidad.
En este sentido, señaló que la legislación actual tiene unos “articulitos”, en referencia a los delitos de rebelión y sedición y que el Gobierno debe valorar si “chirría” respecto a lo previsto en otras legislaciones europeas. Por ello, dijo, se pueden “ajustar esas conductas muy graves” a la realidad, lo que conllevaría una rebaja de las penas previstas actualmente, que llegan a los 13 años. Sería el Tribunal Supremo el que tendría que analizar si esa modificación legislativa conlleva o no la revisión de la sentencia, aunque al ser una reforma beneficiosa para los condenados sí se podrían beneficiar de la misma.
Así, incidió en que Europa es quien “nos ha hecho reflexionar” sobre estos preceptos que “chirrían” y que “nunca habíamos tenido que tocar”. En todo caso, dejó claro que esa reforma no supondrá en absoluto una “destipificación” de estas conductas, pues lo sucedido “es muy grave”. Ahora bien, ha defendido que se dará una respuesta legislativa proporcional entre el bien jurídico protegido y lo acontecido.
Ene esa reforma parcial del Código Penal se incluirá igualmente dotar de más protección al Tribunal Constitucional y sus resoluciones, reforzando el delito de desobediencia en este aspecto concreto. “Le dimos un cometido unos cometidos al Tribunal Constitucional, pero no hemos establecido qué castigos se deben imponen los que incumplen”, afirmó al respecto.
Sobre el Gobierno, reconoció que “no somos Pimpinela”, haciendo alusión al dúo musical para ilustrar las tensiones entre los socios de Gobierno, que ambos han reconocido en los últimos días. Pese a ello, afirmó que el Ejecutivo “está unido”, pero que “todos sabemos que no podemos hacer un ‘olvídame y pega la vuelta’”, toda vez que “la aritmética parlamentaria en un Parlamento tan fragmentado es muy caprichosa” y ello hace que “nos necesitamos unos a otros”. En este punto, defendió los apoyos del Ejecutivo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado con los avales de ERC y Bildu: “todos los representantes de la ciudadanía gozan de legitimidad”.
Rey emérito
En su intervención, Juan Carlos Campo se refirió también a la situación del Rey emérito. En este punto, quiso dejar claro que Don Juan Carlos no tiene abierto ningún procedimiento judicial ni está sometido a medida cautelar alguna. Po ello, incidió en que tiene plena “libertad deambulatoria” para poder desplazarse donde quisiera y volver a España si así lo desea.
En todo caso, no tuvo ninguna duda en que si finalmente alguna de las investigaciones abiertas por la Fiscalía que afectan a Don Juan Carlos terminase en un procedimiento judicial y dentro de éste se le citara a declarar, regresaría de forma inmediata a España para comparecer: “Lo que tengo claro es que el día que se le llame no tardará ni un minuto en venir, y creo que eso es lo importante”.
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