Operación conjunta de la Policía y el Servicio Secreto USA contra el fraude mediante tarjetas bancarias

Agentes de la Policía Nacional y del Servicio Secreto de los Estados Unidos han llevado a cabo la mayor investigación de ámbito internacional realizada hasta la fecha contra el fraude cometido con tarjetas bancarias. El macrooperativo ha permitido la detención de 105 personas en España, Austria, Reino Unido y Grecia –otras 14 han sido imputadas-, como presuntos autores de delitos de organización criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

Han sido practicados 88 registros domiciliarios simultáneos en cuatro de los países europeos que han participado en la investigación.

La red desmantelada habría defraudado más de 12.000.000 de euros mediante la creación de empresas fantasma en Estados Unidos para, tras dotarlas de una falsa solvencia económica, solicitar la expedición de tarjetas de débito con el máximo importe disponible con el pretexto de utilizarlas en sus viajes a Europa.

Una vez en España, las tarjetas americanas eran utilizadas en establecimientos conniventes por elevados importes mediante el sistema de preautorización, aprovechando la diferencia de aceptación del pago existente entre los bancos americanos y españoles. Mediante este procedimiento lograban realizar importantes compras y posteriormente vaciar las cuentas de efectivo antes de que las entidades bancarias pudieran anular las operaciones.

Los detenidos se encontraban en proceso de abrir otra sede de operaciones en un lujoso hotel de la región de Grän (Austria) y otro en la isla de Mikonos (Grecia).

Cada uno de sus componentes tenía un rol determinado para perfeccionar el fraude. Algunos de sus integrantes, con doble nacionalidad griega-estadounidense, tenían la misión de viajar a diversos puntos de EEUU con el objetivo de poner en marcha empresas que posteriormente serían utilizadas para cometer el fraude.

Una vez que la sociedad estaba legalmente constituida, acudían a diferentes entidades bancarias y abrían cuentas a nombre de las mercantiles. Posteriormente recibían transferencias internacionales que emitían otros miembros de la organización desde distintos países de Europa para generar una falsa creencia de actividad legítima y empresarial, aparentando de ese modo solvencia económica.

Esos fondos los movían entre las diversas cuentas bancarias con que contaba la organización, tanto en EEUU como en España y otros países. Simulaban así transacciones financieras internacionales amparadas en operaciones empresariales habituales.

Tras esperar unos meses para consolidar esa apariencia de estabilidad económica y temporal, solicitaban a las entidades bancarias la expedición de tarjetas de débito con el máximo importe disponible, con el pretexto ser utilizadas en sus viajes a Europa. Una vez obtienen las tarjetas las enviaban por correo ordinario a Grecia y Austria y, desde ahí, finalmente a España, país donde serían finalmente utilizadas forma fraudulenta.

La organización criminal eligió España como lugar para perfeccionar el fraude. En 2017 asentaron su base de operaciones en el municipio guipuzcoano de Mondragón y posteriormente cambiaron su ubicación a la localidad de Alange (Badajoz), donde arrendaron un establecimiento de hostelería. Finalmente se establecieron en el hotel de la localidad de Miajadas (Cáceres), donde llevaban dos años operando. Este establecimiento mantenía abierta al público su cafetería para no levantar sospechas de inactividad, pero en él se refugiaban los principales miembros de la organización, así como otros socios griegos que acudían temporalmente a España a realizar alguna gestión relacionada con el fraude.

Los líderes del grupo, de origen albanés, utilizaban documentación falsa griega y contaban con personal de confianza, todos ellos españoles, que trabajaban para la organización realizando diversas funciones. Por un lado, estaban los que captaban establecimientos conniventes, empresarios o autónomos que permitieran pasar tarjetas americanas en el datáfono de su comercio a cambio de una comisión del 15% del importe.

Una vez se encontrase el dinero en la cuenta del connivente, éste tendría que reintegrar el 85% restante mediante transferencia bancaria a una de las muchas cuentas que manejaban los principales miembros de la organización tanto en España como en diferentes países de Europa. Para justificar la supuesta transacción elaboraban facturas falsas a nombre de las mercantiles americanas que figuraban en la tarjeta, con la finalidad de simular haber comprado productos o prestado algún servicio.

En una ocasión pasaron tarjetas americanas en una farmacia por valor de 80.000 euros -todo ello en menos de una hora-, mientras que en otra supuestamente gastaron 300.000 euros en un club taurino. Era tal el convencimiento de que su actividad era impune que, durante el estado de alarma, y en pleno confinamiento, realizaron cargos en hoteles que se encontraban cerrados al público por más de 1.300.000 euros.

Los empresarios y autónomos que se han lucrado con la actividad ilegal de la organización son de todos los sectores, como hostelería, joyerías, empresas de construcción, productos cárnicos, turísticos, alquiler y compraventa de vehículos, maquinaria agrícola, clubes de alterne, azulejos y cerámica, entre otros.

Además, contaban con testaferros que les proporcionaban empresas pantalla. De este modo, obtenían una aparente estabilidad temporal y las utilizaban como contenedor bancario del dinero que los conniventes “devolvían” a la organización.

Dentro del entramado, se encontraban también varias personas que realizaban funciones de “gestoría”, confeccionando las facturas fraudulentas y la contabilización de porcentajes. Estas personas, además, facilitaban sus cuentas bancarias y las de sus empresas para repartir el dinero y dificultar su trazabilidad hasta que llegase nuevamente a la organización criminal.

Finalmente, recibían el asesoramiento de varios trabajadores de entidades bancarias quienes les informaban sobre cómo y cuándo realizar las preautorizaciones y liberaciones de las operaciones con tarjeta, además de alertarles en caso de que el departamento de control de fraude o blanqueo de capitales fiscalizase sus cuentas.

Los miembros de la organización tenían sus propios mecanismos para controlar todas las mercantiles y cuentas bancarias abiertas en EEUU y países de Europa; y hacían uso de la violencia si era necesario para reconducir a las personas que desaprobaban las líneas marcadas por los líderes del grupo.

Uno de estos episodios de violencia lo sufrió uno de sus miembros cuando detectaron que se había quedado con una parte del fraude que había llevado a cabo. Tras secuestrarlo y llevarlo al lugar en el que se escondían los líderes de la organización “a dar explicaciones” le dieron una paliza y varias puñaladas, hechos que nunca fueron denunciados.

Las detenciones se llevaron a cabo en tres fases, siendo la primera de ellas la más importante y en la que se produjeron todas las entradas y registros realizadas tanto en España como en Grecia, Austria y Dinamarca, así como la detención de 36 personas ese mismo día. Para ello se estableció un centro de coordinación y mando en Badajoz, en la sede de la Jefatura Superior de Extremadura, compuesto por miembros de la Policía Nacional y once integrantes del Servicio Secreto de los Estados Unidos destinados en España y otros procedentes de la sede del servicio secreto en Washington.

Desde ese centro de operaciones se lideró y coordinó toda la acción operativa y se estableció un canal directo de comunicación con otros cuatro centros de mando instalados en Washington, Atenas, Austria y en la sede de EUROPOL. Asimismo, investigadores de la Policía Nacional se desplazaron a Grecia y Austria para coordinar y realizar in situ detenciones y registros domiciliarios.