El Gobierno lleva años recapitulando documentación que acredite la propiedad de algunos de los bienes utilizados por la Iglesia en las últimas décadas para que, en caso de no ser suficientes, se reclamaran aquellos considerados de dominio público. En este sentido se pronunció el Congreso de los Diputados en 2017, instando al Ejecutivo, entonces de Mariano Rajoy, para realizar esta labor que afectaría a bienes tan simbólicos como la Giralda o la Mezquita de Córdoba.

Un “asunto pendiente” que el Consejo de Ministros ha resuelto hoy, remitiendo al Congreso un listado con 34.961 inmuebles inmatriculados de la Iglesia entre 1996 y 2015, lo que abre la vía a posibles reclamaciones sobre la titularidad de los mismos. Ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo quien ha presentado este informe ante los medios en la tradicional rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, después de haber hecho lo propio en la reunión de este martes.

Calvo ha explicado que del total de bienes, 20.014 de ellos corresponden a templos o dependencias afectas al culto o fines similares y 14.947 se han inmatriculado sin tener una vinculación con la Iglesia. De los mismos, 30.335 contaron con una certificación eclesiástica y 4.626 a otro título distinto. Con la remisión del informe del Gobierno al Congreso, este listado será público y los particulares podrán presentar las reclamaciones que consideren oportunas al estimar que tienen derechos previos sobre su propiedad.

El PSOE ha venido reclamando tradicionalmente la publicación de ese listado de inmatriculaciones de la Iglesia y el Congreso ya se pronunció favorablemente en 2017 con una proposición no de ley en la que se urgía a ello al Gobierno. En este sentido, la identificación de estos inmuebles fue también una promesa de Pedro Sánchez en su debate de investidura, en el que se comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia. Ahora el Ejecutivo cumple con lo mandatado por el Congreso y no hace “caso omiso”, como critican, hijo el de Mariano Rajoy.

El periodo bajo estudio es el que se abarca desde 1998, que fue la fecha en la que, bajo el Gobierno de José María Aznar, se reformó la Ley Hipotecaria. Esta ley permitió a la Iglesia registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan solo una certificación eclesiástica.