El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha decidido procesar al exvicepresidente del Gobierno y ex director del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato por los delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y elusión fiscal, según consta en un auto en el que el instructor acuerda transformar las diligencias previas de la instrucción por el procedimiento abreviado. Esta resolución marca el fin de la investigación judicial y es la última que, en fase de instrucción, puede ser recurrida en reforma ante el propio órgano judicial y en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El instructor considera acreditado que en 2011 y 2012 Bankia contrató servicios de publicidad con las empresas Publicis Comunicación España y Zenith Media “a cambio de una comisión de 2.022.153,89 euros” con el fin de obtener dichos trabajos, que ambas mercantiles abonaron a la sociedad Albisa Inversiones y Asesoramiento controlada por Alberto Portuondo. Este último transfirió a la sociedad Kranodara 2001 SL, controlada por Rodrigo Rato, 835.024 euros. Por su parte, el gestor de las empresas del exvicepresidente, Miguel Ángel Montero Quevedo, recibió de Albisa a través de una empresa de su propiedad, Montelayos, recibió 189.704 euros.

En el auto, el magistrado Serrano-Arnal concluye que Rato, tras ser nombrado presidente de Caja Madrid, contrató como secretaria a Teresa Arellano, quien había trabajado para él en su paso por el Gobierno de España. Y poco a poco, pasó a convertirse en la directora de Coordinación de Presidencia, que llegó a tener a su cargo la Dirección de Comunicación de la entidad financiera. Y bajo las indicaciones del presidente se produjo la contratación de la sociedad Lateralmente, controlada por Alberto Portuondo, quien según el instructor se repartió comisiones con la firma Kranodara, propiedad de Rodrigo Rato.

Comisiones para Rato

La resolución destaca que tras la creación de Bankia, esta entidad financiera contrató a la empresa Albisa Inversiones, también dirigida por Portuondo. Y según el magistrado “las facturas aportadas por los procesados no se correspondían con una contraprestación real de los aludidos servicios de consultoría sino que eran el conducto para dar cobertura legal para abonar a Rodrigo Rato su parte en las comisiones obtenidas por Albisa ( Portuondo) de las publicitarias Zenith y Publicis por los contratos de publicidad que firmaron con Bankia y obtenidos durante la presidencia de Rodrigo Rato de dicha entidad”.

Portuondo fue “captado” por el administrador de las empresas de Rato, Miguel Ángel Montero Quevedo, quien se dirigió al Grupo Publicis “en calidad de comisionista, a quienes ofreció conseguir la participación y la adjudicación de diversos contratos de publicidad con la entidad financiera Bankia”. La secretaria de Rato, Teresa Arellano, es la que firma en representación de Bankia el contrato de asesoramiento y planificación con la firma de publicidad Zenith.

“Retribuciones desmesuradas”

De hecho, relata el juez, cuando la jefa de Comunicación Pilar Trucios se niega a firmar la renovación del contrato de la sociedad ‘Plenamente’ con Bankia, “por considerar desmesuradas las retribuciones contenidas en la misma”, es Arellano la que lo firma.

En el mismo sentido, Trucios declaró que Rato la llamó por teléfono a su despacho en Bankia y le dijo que la ganadora del concurso iba a ser Publicis y que todo lo que tenía que ver con estos contratos de publicidad, a nivel de presupuesto, debía de despacharlos con el exdirectivo José Manuel Fernández Norniella.

Origen desconocido

En cuanto al delito de blanqueo de capitales, Serrano-Arnal considera que Rato repatrió su patrimonio mediante préstamos participativos: “De esta manera, se hacía figurar en las cuentas de Kranodara la entrada de divisas como préstamos participativos concedidos por Vivaway”, indica el auto que después destaca, de forma literal: “Nos encontramos que desde la empresa Westcastle son traspasados a Vivaway fondos por valor de 2.521.850 euros, de los cuales llegan a Kranodara, [propiedad de Rato], 2.307.777 euros”.

Esta forma de compensar los fondos, concluye el juez, ocultaba el dinero de cara a la Hacienda Pública, lo permitía que Rato no tributara en España. Del total de los 7.287.520 euros introducidos en España a través de Vivaway-Kranodara, 3.697.773 tenían un origen desconocido, indica el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.

“Sociedades opacas”

“Nos encontramos ante unas importantes cantidades de dinero en sociedades opacas sustentadas por testaferros y radicadas en territorios clasificados como paraísos fiscales o que operan a través de ellos que ingresan en territorio nacional bajo la apariencia de negocio lícito, utilizando la estructura Vivaway-Kranodara, expresamente adquirida a tal fin y con el objeto de hacerlo llegar de la forma más opaca posible a diversas empresas pertenecientes a Rodrigo Rato”, concluye el auto.

En cuanto a los delitos fiscales, el auto destaca que la cuota defraudada supera los 3,5 millones de euros. Así, Rato realizó “maniobras de ocultación de su patrimonio exterior [...], a fin de retornar a España parte de su patrimonio exterior de manera oculta para la Hacienda española”. Además, ingresó a través de sociedades instrumentales los servicios profesionales que prestaba de manera personal para pagar menos a Hacienda “por el menor tipo de tributación del Impuesto de Sociedades respecto del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF).