Sánchez, bajo el yugo político de Iglesias

14 de enero. El primer Gobierno de coalición de la democracia se reúne en su primer Consejo de Ministros. Entre las prioridades del nuevo Ejecutivo está el diálogo con Cataluña. ERC se ha abstenido, favoreciendo la investidura de Pedro Sánchez, a cambio de una mesa de diálogo que se pactará y reunirá un mes después. Al frente de la cartera de Sanidad, sin una excesiva carga de trabajo al tener las competencias transferidas a las comunidades autónomas, el presidente ubica a Salvador Illa. El secretario de Organización del PSC tiene encomendada una tarea que rebasa su ministerio: engrasar la interlocución con la Generalitat.

14 de marzo. Todo salta por los aires. El impacto del coronavirus, que el Gobierno ha minimizado en sus primeros coletazos, obliga a tomar una decisión inédita, cuya repercusión todavía sufrimos hoy. Un nuevo Consejo de Ministros –esta vez, dos meses después– tarda siete horas en declarar el estado de alarma. Estará vigente durante 100 días, pero no serán los últimos. Hoy, un año después, todavía seguimos sumidos en la excepcionalidad que hizo descarrilar todas las previsiones. Moncloa se vio obligada a recalcular por completo su hoja de ruta política y económica.

Ante este desafío, los ideólogos de Moncloa vieron una oportunidad. Que el consenso necesario para enfrentar una catástrofe de esta magnitud permitiera a Sánchez su ansiada ampliación de mayorías por el centro, incluso con el PP. Solo fue un espejismo. Los de Pablo Casado apenas apoyaron tres prórrogas del estado de alarma y Ciudadanos sostuvo su mano hasta que le fue imposible, la negociación de los Presupuestos y las maniobras de Pablo Iglesias para expulsarlos de la ecuación hicieron la coexistencia inviable.

Los denominados en pandemia como «Presupuestos de Reconstrucción», regados por los fondos europeos, no sirvieron para ampliar mayorías en la dirección que quería Moncloa, sino para apuntalar la de la investidura con EH Bildu y ERC. Un pacto que ata a Sánchez a Iglesias hasta el final de la legislatura en una coalición que el socialista nunca quiso, y que intentó evitar en la repetición electoral. Con una precaria mayoría de 120 diputados, el PSOE no puede desembarazarse de su dependencia de Podemos, si desde el espectro del centro derecha no se restablecen las relaciones.

La encrucijada en la que se encuentra Sánchez ha quedado de manifiesto en la negociación del Consejo General del Poder Judicial. En plena guerra fría con Iglesias, Sánchez tendió puentes con Casado para pactar la Corporación de RTVE, pero hacer extensivo este acuerdo a la renovación del CGPJ se ha demostrado imposible. Los vetos cruzados entre PP y Podemos, a cuenta de los vocales que ambas formaciones proponen, obligaron a Sánchez a elegir entre la estabilidad de la coalición o iniciar la construcción de una vía de escape de la presión de sus socios. De momento, ha optado por la primera opción, ante la debilidad y los «bandazos» de la estrategia del PP. Sin embargo, fuentes gubernamentales sostienen que España necesita un Partido Popular fuerte y también la Moncloa para hacerle ver a Iglesias que sus apoyos no son imprescindibles. Desde Podemos ya anticipan que la coalición tendrá un horizonte más allá de los tres años que restan de legislatura, porque «no hay nadie enfrente».

El giro de Ciudadanos

Otro punto importante es el papel que quiera jugar Ciudadanos y si el terremoto en Murcia, Madrid y Castilla y León supone un giro del partido naranja. En Moncloa aseguran que este nuevo tablero político no hace peligrar la relación con sus actuales socios, pero no ocultan que la baza de Ciudadanos les permite aliviar ciertas presiones que reciben con asiduidad de la mayoría de la investidura. De nuevo, el espejismo de la geometría variable. También será clave en qué sentido se despeje la ecuación de la Generalitat para resetear las relaciones con Esquerra. Sobre todo, el papel que llegue a jugar JxCAT en un futuro Govern y hasta donde lleve su presión para vincular su apoyo en Cataluña a que los republicanos rompan con el Gobierno en Madrid.