El PSOE no renuncia a De Prada 24 horas antes de los nombramientos del CGPJ

Hace una semana, el Gobierno y el principal partido de la oposición cerraban un acuerdo para la Corporación de RTVE que se votaba horas después en el Congreso. El primer paso de un pacto que en Moncloa aspiraban a que fuera global para el resto de órganos constitucionales pendientes de renovación, entre ellos, la joya de la corona: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, el entendimiento fue un espejismo y las negociaciones se paralizaron un día después por los «vetos cruzados» de ambas partes. Pedro Sánchez compareció el viernes para trasladar toda la presión al PP y pedirle que «rectificara». Desde entonces, los socialistas no han cesado en sus llamamientos a Pablo Casado para que vuelva a la senda del «diálogo» y supere su «miedo» y «complejo» de Vox.

Ahora que los ánimos se han enfriado, desde el Ejecutivo deslizan que los contactos ya se han reactivado. En concreto, fuentes gubernamentales aseguran que siguen produciéndose en un segundo nivel, el que conforman el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de Justicia del PP, Enrique López. Con buena sintonía entre ambos, ellos fueron quienes tejieron complicidades hasta delegar en Teodoro García Egea y Félix Bolaños los últimos flecos de la negociación. Ahora, según Moncloa, son Campo y López quienes han propiciado el acercamiento, mientras que desde el PP niegan cualquier contacto.

Desde el Gobierno, no obstante, se hacen fuertes en sus posiciones y no ceden un milímetro, porque consideran que ya han sido muy «flexibles» en la negociación. No están dispuestos a renunciar a la propuesta de que el juez José Ricardo de Prada forme parte de los vocales del nuevo CGPJ e instan al PP a que «dé el siguiente paso», dejando a un lado los «vetos». En Moncloa sostienen que De Prada «no es un perfil partidista», a pesar de que fuera el autor del párrafo de la sentencia de la Gürtel que derivó en la moción de censura.

No piensan lo mismo de algunos de los nombres que han propuesto los populares, sobre «los que habría mucho que decir». Fuentes gubernamentales exponen que ellos no han vetado a nadie y aseguran que han cedido a las pretensiones de Casado, aceptando excluir a la jueza Victoria Rosell, muy vinculada a Podemos, ya que fue cabeza de lista por Las Palmas y actualmente es delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, integrada en el equipo ministerial que dirige Irene Montero. Y también aceptaron la propuesta del PP de que entre sus candidatos estuviera Alejandro Abascal, el juez de refuerzo del «caso Dina», que afecta a Iglesias.

Esta decisión en Moncloa, de no renunciar a De Prada, se produce a tan solo 24 horas de que el CGPJ retome las última tanda de nombramientos pendientes. La cúpula de los jueces se había dado de plaza hasta mañana jueves para cubrir las vacantes, a expensas de que el Gobierno y el PP llegaran a un acuerdo para desencallar las negociaciones. 

Reforma del Poder Judicial en el Congreso

Mientras la renovación del CGPJ sigue en «stand by», la reforma para limitar sus funciones sigue adelante en el Congreso. Los partidos que conforman el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) avalaron ayer llevar al Pleno del próximo jueves 11 de marzo para su aprobación definitiva, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que prevé que las facultades del CGPJ queden limitadas una vez que se cumpla su mandato. Actualmente, el órgano de gobierno de los jueces lleva más de dos años en esta situación de interinidad. El objetivo es evitar que durante esta etapa se puedan ejecutar determinadas atribuciones, como realizar nombramientos. De hecho, el CGPJ tenía previsto cubrir varias vacantes en su último pleno, pero lo paralizaron ante la inminencia del acuerdo.

Con la aprobación de la reforma la próxima semana se cumplen los plazos que se había dado Moncloa para tener listo el cambio antes de mediados del mes de marzo, dado que ésta nunca estuvo vinculada al acuerdo con el PP. No así la reforma agravada para rebajar las mayorías para la elección de los vocales, que Sánchez dejó en un cajón a la espera de Casado y que desde Podemos presionan insistentemente para retomarla y pactar el CGPJ con sus socios de investidura.