«Proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales ha sido desde hace mucho y sigue siendo la política de los Estados Unidos». Con estas palabras han saludado el informe anual sobre derechos humanos del departamento de Estado dos de sus principales funcionarios, Scott Busby, subsecretario adjunto principal interino, y Tom Selinger, subsecretario adjunto interino de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado.

Durante su intervención telefónica con la prensa, los funcionarios refirieron la preocupación de Washington por la situación de la libertad de expresión en distintos lugares del mundo, incluida Europa. Selinger reafirmó que la Administración Biden reconoce «la universalidad de los derechos humanos» y enfatizó que su país llamará la atención sobre «las violaciones de los derechos humanos donde quiera y cuando quiera que se produzcan».

Frente a quienes consideran que el informe pudiera estar malogrado por una suerte de intencionalidad política, había avisado ayer martes la subsecretaria de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Lisa Peterson, que el informe proporciona un «registro objetivo respecto a si los derechos humanos y las libertades están siendo protegidos tanto por la ley como en la práctica en todo el mundo». Peterson también «enfatizó que «los informes son preparados por misiones diplomáticas de Estados Unidos, que recopilan, analizan y sintetizan información de una variedad de fuentes».

Durante la conferencia con periodistas en la que estuvo presente LA RAZÓN, Scott Busby indicó que “la Administración Biden está poniendo los derechos humanos en el centro de su política internacional”. Busby aseveró que “el informe anual sobre derechos humanos constituye una herramienta para lograrlo». También recalcó que: «Los informes son factuales, y de naturaleza objetiva». El funcionario de EE UU recalcó que “La democracia puede ser frágil y requiere de una atención y un compromiso constantes».

En la misma línea, Tom Selinger apuntó que el informe, entre otros asuntos, señala la preocupación por el «declive de la libertad de expresión en varios países europeos».

Acostumbrados a recibir reacciones hostiles por parte de los gobiernos señalados, Peterson explicó que los informes «no llegan a conclusiones legales, no clasifican países ni establecen comparaciones entre ellos. No intentan catalogar todos los incidentes de derechos humanos, ni estos informes son un esfuerzo del gobierno de los Estados Unidos para juzgar a otros». Pero los documentos, elaborados por los diplomáticos estadounidenses, aspiran a sobrevolar las cuestiones partidistas e informar de lo que hay con independencia de las alianzas del gobierno de Washington. El grueso del informe fue elaborado durante el último año de Donald Trump como presidente. Ha sido presentado, y asumido al 100%, por el nuevo gobierno. Para Peterson los informes del departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos «son de naturaleza fáctica. La publicidad de hechos e información verificable puede alentar a los gobiernos a cambiar de rumbo y buscar poner fin a los abusos contra los derechos humanos».

En el caso de España el informe, referido al año 2020, destaca la situación que vive la libertad de información en España, que habría sido objeto de «violencia y acoso» por parte del Gobierno, concretamente «múltiples informes de ataques verbales de funcionarios del gobierno a determinados medios de comunicación y periodistas específicos».

El departamento de Estado explica que el pasado 1 de marzo «el presidente Pedro Sánchez acusó a los medios “conservadores” de “crispar a la sociedad” cada vez que los conservadores pierden las elecciones. El mismo día, el segundo vicepresidente y secretario general del partido Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que la prensa crítica con el Gobierno había “ofendido la dignidad del periodismo”». Iglesias también «amenazó con enviar a prisión a un periodista por publicar información comprometedora sobre su partido, especialmente sobre su financiación. Los comentarios fueron inmediatamente condenados por la Asociación de Prensa de Madrid».

Otro miembro destacado de Podemos, su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, «atacaba la profesionalidad de un presentador de televisión».