La Audiencia Nacional asume la investigación de la mordida que pagó un naviero español al ex presidente de Guatemala

El juez que instruye en la Audiencia Nacional el “caso Villarejo”, Manuel García Castellón, ha acordado asumir la investigación que abrieron las autoridades de Guatemala por los delitos de cohecho, asociación ilícita y fraude contra el naviero Ángel Marcelino Pérez-Maura, que junto a su hermano Álvaro pagó 10 millones de euros al comisario jubilado José Manuel Villarejo para evitar su extradición al Estado centroamericano. De esta forma el instructor admite a trámite la “transmisión del procedimiento”, que le había reclamado un Juzgado de este país, según consta en un auto de 20 de abril, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Hasta esta resolución, los empresarios españoles estaban siendo investigados en la Audiencia Nacional por contratar a Villarejo. Además, el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción estaban analizando un posible delito de corrupción en las transacciones internacionales que habría cometido Ángel Marcelino Pérez-Maura por haber concertado el pago de 30 millones de dólares en comisiones a intermediarios y funcionarios públicos, entre ellos el ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina. A cambio de estos fondos, la empresa Grup Maritim TCB, entonces propiedad de los Pérez-Maura, resultó adjudicataria de un contrato para la construcción de una terminal de contenedores en el Puerto Quetzal, situado en la costa del Pacífico de este país.

Pero la decisión de García Castellón de asumir las pesquisas que abrió la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, suponen una ampliación formal del procedimiento que ya se sigue en España contra Ángel Pérez-Maura, que no puede ser juzgado en este país porque la Audiencia Nacional rechazó su extradición.

Un nuevo delito contra la Hacienda Pública

Asimismo, el juez de refuerzo del “caso Tándem”, Joaquín Elías Gadea Francés, ha decidido imputar un nuevo delito contra la Hacienda Pública a los navieros españoles. El magistrado acuerda, así, ampliar su investigación contra estos empresarios.

El magistrado acuerda esta imputación tras recibir un documento de la Unidad de Asuntos Internos y de la Agencia Tributaria, que le informó de los nuevos indicios aparecidos: “El oficio policial recibido permite inferir la existencia de un presunto delito contra la Hacienda pública cometido por los investigados”, especifica la resolución.

El auto destaca que los agentes hallaron un archivo con un dosier encargado por parte de la empresa APMT al bufete Ernst & Young, según el cual Grup Maritim TCB [la firma de los navieros españoles] consideró como deducibles un total de 7.969.445 euros correspondientes a los gastos por las comisiones que TCQ, la filial de los Pérez-Maura en Guatemala, que habría abonado mordidas a las autoridades de Guatemala.

Impuesto de sociedades

“Del estudio del referido informe”, prosigue el auto del juez de 29 de enero, “se podría inferir la presunta comisión de varios delitos contra la Hacienda Pública derivados de la deducción, presuntamente irregular, en el impuesto de sociedades de los ejercicios 2012 a 2015, de las cantidades que, al parecer, habría pagado por las comisiones correspondientes a la actividad” de la filial en Guatemala de los empresarios navieros.

El instructor, que considera que en estos momentos resulta difícil delimitar “el círculo de partícipes que, presuntamente, pudieran haber cometido este delito”, acuerda que la investigación deberá dirigirse, “por estos nuevos hechos, cuanto menos contra los sujetos que ya están investigados en este procedimiento y que de forma directa o indirecta pudieran intervenir en actividades de gestión, administración, dirección u organización de la actividad de TCB y TCQ, incluyendo a la sociedad Pérez y Cía, a los hermanos Ángel y Álvaro Marcelino Pérez-Maura, y a Francisco Javier Soucheiron Marcet”.