El Consejo Fiscal avala la Ley de Memoria Democrática gracias al voto de Dolores Delgado

El Consejo Fiscal ha avalado por la mínima -por seis apoyos a cinco, gracias al voto de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado- el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, un dictamen al que se han opuesto cinco de los integrantes del máximo órgano de la carrera, todos ellos pertenecientes a la mayoritaria Asociación de Fiscales. A favor del informe han votado, además de Delgado, el fiscal jefe de Inspección, Fausto Cartagena, y los cuatro fiscales de la Unión Progresista de Fiscales (UF).

La ley incluye, entre otras medidas, la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos, la exhumación de víctimas del franquismo, la disolución de asociaciones que hagan apología del mismo y permitirá anular las condenas y sentencias emitidas por el franquismo

Los cinco fiscales discrepantes -Concepción Talón, Juan Andrés Bermejo, Juan Francisco Ríos, María Rosario Lacasa y María Rosa Rubio Ramos- consideran, según un comunicado difundido por la Asociación de Fiscales, que aunque “la sociedad y, en especial, las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho a conocer la verdad histórica”, los denominados juicios de la verdad “no forman parte del proceso penal”.

Según defienden es al Estado al que corresponde la búsqueda de la verdad “a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones -especialmente historiadores-, ajenos a la investigación penal”. “Las normas que rigen en el derecho penal impiden la investigación judicial”, señalan respecto a la irretroactividad de las leyes.

Redacción “calculadamente ambigua”

Los miembros de la Asociación de Fiscales consideran además la redacción del anteproyecto “confusa, calculadamente ambigua y contradictoria”, en la medida que según ellos “da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas y facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal”. De ahí que consideren “absolutamente innecesaria” la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática.

Pese a estos reparos, este grupo de fiscales defiende que “las personas físicas y asociaciones que representan a familiares de desaparecidos y fallecidos durante la guerra civil española y los años de posguerra tienen derecho al descubrimiento de la verdad, a conocer su situación, el lugar de enterramiento y las circunstancias de su fallecimiento”. Y sostienen que la Administración “debe poner todos los recursos necesarios para satisfacer el derecho a la verdad, realizando investigaciones eficaces y garantizando recursos efectivos y de reparación”.

La Fiscalía General del Estado considera sin embargo que la nueva ley contribuirá a “fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana” y proporcionará “una reparación integral de las víctimas” mediante el desarrollo de políticas de “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que han sido objeto de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos al Estado”.

La función de la Fiscalía, en “absoluta nebulosa”

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, asegura a LA RAZÓN que más allá del incuestionable derecho de las víctimas a conocer la verdad y a obtener reparación, en el texto hay una serie de cuestiones jurídicas muy relevantes de las que discrepan. Entre ellas, que omita “toda referencia al concepto jurídico de justicia transicional” (término acuñado por la ONU respecto a la transición entre una dictadura a un estado de derecho para evitar que se sigan produciendo violaciones de derechos humanos).

Asimismo, señala que el anteproyecto pasa de puntillas “de forma deliberada” por el principio de seguridad jurídica en relación a la irretroactividad de la norma penal, la prescripción de los delitos y la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento.

Esta asociación se muestra especialmente crítica con “la indefinición” en la que, aseguran, se encuentra la figura del fiscal especializado en Memoria Democrática, pues considera que no establece claramente qué función va a tener, si “el asesoramiento a las victimas, la supervisión de la actuación de los organismos administrativos en la búsqueda de restos o una función de investigación y de ejercicio de la acción penal, y en este último caso respecto a qué tipos penales”. Unos cometidos, se queja Dexeus, que se dejan “en absoluta nebulosa”.

“Lo que hay que exigir de las normas jurídicas es precisión -subraya- para evitar tensiones interpretativas, y mas con temas que pueden utilizarse de forma ideológica”.

Una misma respuesta en toda España

Del mismo modo, señala en un comunicado, garantiza “una misma respuesta en toda España a los derechos a la verdad, a la justicia y a una reparación integral de las víctimas, al desarrollo de las medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción orientadas al restablecimiento de sus derechos y a evitar con ello la repetición de hechos similares”.

El anteproyecto crea la figura de un fiscal de Sala para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al que también se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia.

La creación de este Fiscal de Sala supone, según la Fiscalía General del Estado, “una oportunidad de mejora en la especialización de la carrera, abordando la inaplazable necesidad de proporcionar una respuesta eficaz a las graves conductas que integran las violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.