Los indultos a políticos que escandalizaron a España: de Jesús Gil a José Barrionuevo

En 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy rechazó otorgar esta medida de gracia al ex presidente balear Jaume Matas y al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, entre otros

José Barrionuevo y Rafael Vera en la puerta de la cárcel de Guadalajara, en diciembre de 1998
José Barrionuevo y Rafael Vera en la puerta de la cárcel de Guadalajara, en diciembre de 1998La Razón

Llegó el gran día. Tal y como anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; en el Gran Teatro del Liceu, ante un público nada agradecido, el Consejo de Ministros de hoy dará su visto bueno a los indultos de los líderes del “procés”. Si bien es cierto que no serán los primeros políticos en recibir esta medida de gracia del Gobierno, no menos cierto es que esta decisión ha convulsionado la escena política española a todos los niveles. Y no solo la política, también la judicial, ya que hay que recordar que el Tribunal Supremo se opuso a que los líderes independentistas condenados en el juicio del “procés” se beneficiaran de cualquier tipo de indulto -total o parcial- al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia. De este modo, dejaba clara su postura ante el último plan de Moncloa y su férrea defensa de los indultos.

Y es que nunca hubo tanto revuelo político, que no mediático, ante unos indultos. Pese a que en esa lista se encuentran desde el siempre polémico Jesús Gil y Gil, el ex ministro José Barrionuevo o el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera.

El indulto de Franco a Jesús Gil y Gil

Mucha gente desconoce este dato pero, en 1971, Francisco Franco indultó a Jesús Gil y Gil tras ser condenado a cinco años de prisión por un delito de homicidio involuntario por la muerte de 58 personas en el restaurante de un complejo turístico del que era promotor.

En 1994 llegó el segundo indulto para el que fuera presidente del Atlético de Madrid. Esta vez, el Gobierno del PSOE, le concedió esta medida de gracia pese a estar condenado a dos meses de cárcel por estafa. Según explicaron desde el Ejecutivo, era la única forma de que Jesús Gil, entonces alcalde de Marbella, se presentara a las elecciones y argumentaron que la pena impuesta era muy pequeña.

El caso de Juan Hormaechea

El expresidente cántabro Juan Hormaechea fue condenado en 1994 a seis años de cárcel y catorce de inhabilitación por prevaricación y malversación de fondos públicos. Se convertía así en el primer presidente autonómico condenado. El Gobierno de Felipe González le concedió un indulto parcial de la pena de prisión. Y, aunque la condena fue anulada finalmente por el Constitucional, no sería la única a la que tuvo que enfrentarse Hormaechea.

El terremoto de los GAL

También en 1998, pero ya con el Gobierno de José María Aznar, se concedió el indulto parcial (la reducción de un tercio de la pena) y el tercer grado penitenciario al ex ministro del Interior, José Barrionuevo, el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera y otros condenados por el secuestro de Segundo Marey. Todos ellos implicados en la trama de los GAL y de los que quedaron al margen los ex policías Amedo y Domínguez.

La Fiscalía se opuso ante la falta de arrepentimiento y al considerar que no eran “de justicia”, pero el Tribunal Supremo informó a favor de un indulto parcial que fue la fórmula que acordó finalmente el Gobierno, reduciendo sus condenas a un tercio.

Condenados por Filesa

El ex magistrado Javier Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación y apartado de la carrera por prevaricación, fue indultado en 2003 por el Ejecutivo de José María Aznar. Precisamente, fue el presidente del Gobierno quien anunció la concesión de esta medida de gracia para Gómez de Liaño y otros 1.442 reos, entre los que se encontraban socialistas condenados por la financiación irregular de su partido, vinculados al caso Filesa.
Entre esos políticos del PSOE se encontraban el ex diputado Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores. Sus penas de prisión, de entre diez y once años por delitos de falsedad continuada en documento mercantil, delito fiscal y delito contra la Hacienda Pública, fueron rebajadas a la mitad

“Caso Treball”

.En el año 2012, el Consejo de Ministros sustituyó por multas las penas de prisión impuestas al ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat Josep Maria Servitje y a Víctor Manuel Lorenzo Acuña, empresario de UDC. Ambos habían sido condenados por desviar fondos del Departamento de Trabajo, en el conocido como “caso Treball”.

182 indultos en el último lustro

Desde 1996, en España se han concedido 10.582 indultos, según la Fundación Civio. Y solo en el año 2000, se alcanzaba un máximo histórico al registrarse 1.744 “absoluciones”. Desde entonces los números han dado un vuelco importante y a día de hoy esta figura constitucional, siempre envuelta en polémica, apenas se usa. Así lo demuestra el hecho de que en los últimos cinco años se hayan concedido 182 indultos.

Según los datos de esta Fundación, del total de indultos concedidos, 227 fueron a parar a condenados por corrupción, la mayoría por delitos de prevaricación y malversación: 139 durante los gobiernos de José María Aznar; 62 con José Luis Rodríguez Zapatero; y 16 con Mariano Rajoy. El último fue aprobado en 2017.

Si tenemos en cuenta los datos por comunidades, por detrás de Andalucía, con 60 indultos, se sitúan a mucha distancia Madrid y la Comunidad Valenciana, ambas con 18. Llama poderosamente la atención el gran abismo que existe entre Andalucía y el resto de autonomías, sobre todo con La Rioja, País Vasco y Baleares donde sólo se ha producido un indulto en los últimos años.

Los indultos rechazados

Hay que señalar no todos los políticos han sido agraciados con la “benevolencia” del Ejecutivo de turno. El ex presidente balear Jaume Matas no consiguió el indulto tras ser condenado por tráfico de influencias. El Tribunal Supremo rebajó la pena inicial de seis años de prisión a nueve meses y un día en 2013. Un año después, el Gobierno le denegaba la medida de gracia.
Tampoco tuvo suerte el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, condenado por el “caso Minutas” a siete años de prisión y diez de inhabilitación absoluta por malversación de caudales públicos y a ocho años y medio de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. En 2014, el Ejecutivo rechazaba su indulto.
Y ese fatídico 2014, también fue rechazado el indulto al ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Condenado a cuatro años de cárcel por defraudar a Hacienda, el Gobierno le denegaba la medida de gracia.